IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE
CAMBIO DEL FISCAL GENERAL
SU ETAPA AUTÓNOMA AGRAVÓ VIEJOS VICIOS
EN FGJEM, ARRASTRADOS DESDE QUE SE CREÓ
La renuncia del ahora ex fiscal general de justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez -quien adujo desgaste físico y emocional-, y sobre todo el proceso legal para designar a su sucesor, ha generado las condiciones ideales para una revisión institucional y autocrítica de la situación estatal en materia de procuración y administración de justicia. La crisis es profunda y se agrava por la combinación de una serie de factores, cuya evaluación debe efectuarse antes de nombrar al relevo.
Mal haría el gobernador Alfredo del Mazo Maza y el Poder Legislativo si la búsqueda de quien sustituirá a Gómez Sánchez se viera como un asunto urgente, pero específico y limitado a la alta burocracia y, peor aún, si se tramitara como la simple asignación de cuota de poder a algún grupo político y de poder institucional o, todavía más, de poderes fácticos.
Tampoco debe ser oportunidad para sacar del desempleo a alguien con relaciones poderosas, pues el sistema de justicia es disfuncional en el Estado de México, precisamente porque fallan la prevención y procuración de justicia. Esta misma condición ni siquiera permite evaluar con rigor al Poder Judicial, pues en materia penal los delitos no los evitan las policías preventivas; y las carpetas de investigación investigadas, integradas y judicializadas representan un porcentaje ínfimo de los delitos puestos del conocimiento del ministerio público.
Esta realidad, de entrada, significa impunidad en más del 90 por ciento de las denuncias presentadas por la población mexiquense. Y la situación se agrava porque de los expedientes penales judicializados sólo un porcentaje mínimo termina con una sentencia condenatoria para los culpables, con lo cual las víctimas reciben un agravio adicional, ahora por parte de la institución: se castiga apenas al 2.8 por ciento de los culpables. En la práctica, no hay procuración de justicia.
Tampoco debemos olvidar que, de acuerdo con información estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad mexiquense registra uno de los mayores índices de cifras negras de delitos; es decir, es muy alto el porcentaje de los no denunciados: de cada cien perpetrados sólo cinco se convierten en carpetas de investigación. Y si las denuncias superan las 360 mil al año y sólo representan el 5 por ciento de los agravios denunciados, es fácil estimar el número real de ilícitos y de los que quedan impunes.
La designación del sucesor de Gómez Sánchez debe tomar en cuenta esta realidad padecida por la sociedad estatal, así como la urgencia para evitar las conductas criminales y de procurar y administrar justicia. Con esto en mente, quien releve a Gómez Sánchez debería reunir las mejores condiciones para contribuir a abatir la impunidad y resolver los agravios a la población.
La FGJEM tiene limitaciones presupuestales y de recursos humanos, que deben solucionarse, pero también existen vicios arraigados desde su fundación en 1918; es decir, hace 122 años, como la corrupción, los cotos de poder a su interior, los poderes fácticos que intervienen y son capaces de desgastar y anular a los fiscales generales física y mentalmente, como lo reconoció Gómez Sánchez. El nombramiento del sucesor de éste debe atender todos estos problemas, los cuales se traducen en la alta impunidad de la cual gozan los delincuentes y en agravios no restañados de la sociedad.
