*Sin reformar la Constitución, sólo las leyes secundarias, abrieron el sector a IP.
De la redacción
(Segunda parte)
La reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, con un desaseado proceso para modificar la Constitución, que incluyó el pago de sobornos a senadores, fue la culminación de una serie de atropellos al Estado de Derecho, sostuvo Manuel Barttlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Senador de la República durante el sexenio del político mexiquense, el ex titular de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, además de exgobernador de Puebla, explicó cuanto conoce de las condiciones cómo se modificaron las leyes para entregar a particulares el mercado de energía eléctrica.
Comenzó por detallar que la reforma energética se aprobó sin cumplir con los procedimientos previstos por la ley para cuando se trata de cambiar la Constitución, incluso atropellaron las leyes innecesariamente, porque el PRI y el PAN tenían mayoría suficiente hacer todo con legalidad y al final aprobar los cambios.
Entre esas violaciones graves destacó la de que la iniciativa nunca pasó, y por tanto no pudo ser aprobada, por las comisiones correspondientes, como es el procedimiento. Fue directamente al pleno, como si se tratara de una propuesta a una ley de escasa importancia.
Por tratarse de una reforma constitucional, se requería la aprobación de al menos 17 legislaturas locales; es decir, de las entidades federativas, y consiguieron ese aval en sólo 72 horas, algo imposible, porque cubrir el trámite legislativo en los estados lleva más tiempo.
Las representaciones populares de las entidades federativas deben convocar a sesiones para examinar la minuta del cambio constitucional y efectuar la sesión. Aprobarlo no puede hacerse en el corto tiempo de 72 horas, como se hizo en el caso comentado.
LOS ANTECEDENTES DE LA REFORMA
Cuando presidente, Carlos Salinas de Gortari comenzó a abrir la industria eléctrica nacional a particulares con violaciones a la Constitución, que prohibía expresamente la participación privada en el sector energético. Y las violaciones continuaron hasta el 2013.
Salinas, quien también privatizó la mayor parte de las empresas públicas, modificó leyes secundarias, pero por prepotencia, arrogancia y autoritarismo no reformó la Constitución. Con ello iniciaron los atropellos al Estado de Derecho, que continuados con Zedillo, Fox y Calderón, pero culminados, para mal del país, con el desaseado proceso de reforma constitucional de Enrique Peña Nieto.
