*Pronto cumplirá 14 años el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
De la redacción
El problema de los presos por delitos inventados es grave y tiene repercusiones negativas para el interno, sus familiares y la sociedad en su conjunto, además de otras consecuencias igualmente perniciosas para la colectividad.
Además de representar un atentado al estado de derecho, lo más grave socialmente hablando es que al encarcelar a quien no ha delinquido, atribuyéndole actos criminales graves, se otorga impunidad al o los verdaderos culpables, quienes siguen libres delinquiendo, en lugar de estar en las prisiones, alertó Eduardo Suastegui Nava, abogado postulante.
La organización “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” integrada por familiares de presos (eufemísticamente llamados “personas privadas de su libertad”) recluidos en penales mexiquenses, inició una movilización nacional para demandar la libertad de quienes están detenidos sin haber cometido delitos.
El día 8 de este mes la organización, que fundó Humbertus Pérez Espinosa en el penal de Chiconautla, ubicado en el municipio de Ecatepec, donde estaba encarcelado por delitos falsos, presentó al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amnistía en materia del fuero federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, para agilizar la liberación de quienes están acusados de delitos de alto impacto inventados.
Pérez Espinosa fue encarcelado en el reclusorio de Chiconautla, precisamente, por delitos claramente inventados e inverosímiles, como el de que allanó dos casas de vecinos y robó aparatos electrónicos, lo cual nadie creyó. Su encarcelamiento fue considerado una represalia de los poderosos intereses inmobiliarios que defraudaron y explotaron a colonos con la venta de viviendas de hasta el 50 por ciento de sobreprecios, y que contaron con la protección del gobernador Eruviel Ávila.
Además, denunció el incumplimiento de compromisos de las inmobiliarias, que no dotaron a las colonias de todos los servicios públicos básicos, ni de infraestructura urbana, por no construir áreas verdes y de servicios; y a alcaldes por recibir colonias y fraccionamientos en esas condiciones y proteger a los fraccionadores que defraudaron y transfirieron los problemas a los ayuntamientos.
La organización que fundó impulsó la Ley de Amnistía del Estado de México y presentó entre abril y septiembre de 2021 un total de 765 solicitudes de amnistía. En especial, ahora lucha porque se liberen a quienes fueron acusados falsamente de delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, homicidio, feminicidio, secuestro, extorsión y otros hechos criminales graves.
Suástegui Nava destacó que lo más pernicioso para la sociedad son los presos acusados injustamente de delitos graves, porque los verdaderos culpables siguen delinquiendo, dañando a la población y gozando de impunidad. Recordó que la reforma que creó la nueva justicia penal cumplirá en junio 14 años, y falta mucho por mejorar para que tenga plena utilidad social.
