*Critican la creación de la Guardia Nacional con preponderancia de militares.
Mientras la aprobación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional generó debates, críticas y hasta desacuerdos al interior de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados Federal, es notoria la falta de compromiso de los gobernadores y alcaldes para cumplir con su obligación de dar seguridad pública a sus gobernados.
Grupos organizados de la sociedad civil siguen rechazando a una corporación apenas en formación, por considerar que con ello se militarizará al país, con riesgo de violaciones a la libertad y los derechos humanos.
Esta preocupación permeó incluso en legisladores de Morena. Algunos y algunas se abstuvieron o votaron en contra de la reforma del caso. Los cuestionamientos de grupos defensores de los derechos humanos se fundan en que los militares no están formados para cumplir funciones de policías y que en el combate a la delincuencia pueden no respetar las garantías individuales.
Desde el poder público, y principalmente de parte del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se sostiene que la urgencia de contener las actividades criminales y darle seguridad a la población obliga a recurrir al personal castrense, por su preparación, puesto que no hay tiempo para formar a suficientes civiles como policías para integrar totalmente a la Guardia Nacional.
En sentido opuesto, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su insatisfacción por la no inclusión en el decreto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional un artículo transitorio para permitir a soldados y marinos cumplir tareas policíacas mientras no se consolida la nueva corporación federal, integrada por soldados, marinos y policías federales.
No obstante, en el debate brillan por su ausencia los gobernadores y alcaldes, quienes son los responsables directos y primeros de la prevención de los delitos y de brindar seguridad a las personas y sus bienes. Y en el caso de las fiscalías generales de justicia, de perseguir a los delincuentes, capturarlos y ponerlos a consideración de los jueces.
Reclaman respeto a la soberanía de sus estados por parte de la federación, pero en materia de seguridad pública los mandatarios estatales se comportan como si fuera una obligación constitucional exclusiva del gobierno de la República.
No se conocen planes, programas ni acciones para capacitar, adiestrar, armar, equipar y dotar a sus cuerpos policíacos de condiciones para enfrentar y vencer a la delincuencia y elevar los índices de seguridad.
Mucho menos fijan plazos para reducir significativamente los altos niveles de inseguridad pública, incidencia delictiva y actos criminales que tienen sumida en el miedo a sus gobernados.
Gobernadores y alcaldes reconocen que sus cuerpos de seguridad pública están rebasados y, no pocos de sus miembros, coptados por la delincuencia organizada y malhechores comunes, pero ese reconocimiento data de hace 12 años, cuando Felipe Calderón Hinojosa sacó al Ejército a combatir la inseguridad pública.
En ese tiempo poco o nada han hecho para dejar a sus cuerpos policíacos en condiciones de enfrentar y vencer a la delincuencia, como es su obligación constitucional, y ahora ni siquiera se comprometen a cumplir con sus responsabilidades.
