*Se adjudica a la Federación la responsabilidad que corresponde a las autoridades locales y estatales en estos casos.
De la Redacción
La ejecución del periodista michoacano Armando Linares, director del medio digital “Monitor Michoacán” es un hecho grave y preocupante; sobre todo, porque es el séptimo periodista asesinado en cuánto va del 2022, para convertirse en el año más letal para los informadores de medios modestos, con difusión en zonas de alta violencia criminal.
No obstante, no debe olvidarse que se trata de condenables delitos del fuero común, cuya investigación, esclarecimiento y castigo a los culpables corresponde a los gobiernos, policías y fiscalías estatales, a quienes debe exigirse justicia, porque los casos se presentan como si quien debe darles seguridad a los periodistas y castigar a quienes los agreden fuera obligación del presidente de la República.
Se aprovechan estas muertes para el lucro político de los intereses políticos y económicos que saqueaban al país y que perdieron sus privilegios. Incluso hay quienes culpan al mandatario de estos homicidios, porque desmiente a quienes lo atacan con mentiras, cuando las víctimas no criticaban al titular del Poder Ejecutivo Federal -generalmente difundían nota roja o policíaca- y eran modestos informadores de medios igualmente modestos, con bajos ingresos y prestaciones, lo cual no difunden quienes lucran con estos condenable hechos.
