*El grupo incluye a ex alcaldes, ex tesoreros, ex síndicos y ex directores de obras.
De la redacción
El Poder Ejecutivo mexiquense no ha solventado 78 por ciento de las observaciones presentadas por el Legislativo, vía Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a la Cuenta Pública del 2019; es decir, al gasto ejercido hace tres años.
El órgano técnico fiscalizador dio a conocer esta situación a diputados de la Comisión Legislativa que lo vigila. También denunció la resistencia de instituciones estatales y municipales a entregar información para poder ser fiscalizadas, por lo cual aplicó ya 157 multas.
En la reunión se informó igualmente que la Secretaría de Desarrollo Social estatal, es quien acumula el mayor número de observaciones a su gasto del año 2020 y, además, esta dependencia solicitó que la información sobre el tema sea reservada y no pueda conocerse durante 5 años; es decir, hasta 2027.
En la reunión del OSFEM con diputados de la Comisión facultada para vigilarlo, se informó que el Tribunal de Justicia Administrativa estatal (TRIJAEM) sancionó a 33 ex servidores públicos, entre ex alcaldes, ex tesoreros, ex síndicos, ex directores de obras, secretarios de ayuntamientos, presidentes de DIF de municipios y una rectora de universidad del gobierno estatal.
El OSFEM no citó los nombres de los funcionarios municipales de elección popular y de designación que incurrieron en abuso de autoridad y desvío de fondos públicos, entre otras irregularidades, durante los años 2017 y 2018, pero sí dio a conocer el de los municipios afectados:
Acolman, Tonanitla, Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan y Hueypoxtla, además de la presidenta de Tequixquiac, el IMCUFIDE de Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.
La titular del OSFEM, Miroslava Carrillo, destacó que los exfuncionarios fueron sancionados en nueve sentencias del TRIJAEM y, algunos, quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos o comisiones por 10 años. Hubo suspensiones definitivas y temporales, destituciones y sanciones económicas globales por más de 5 millones de pesos.
La funcionaria del poder Legislativo informó que existen 643 expedientes en la Unidad de Investigación y 113 más tienen informe de presunta responsabilidad administrativa, que están en litigio en la Sala Octava, de Toluca; y Novena, de Atizapán de Zaragoza, del citado Tribunal.
El programa ‘Salario Rosa’ es el que acumula mayor observaciones de todos los programas, por mala integración de los padrones de beneficiarios, falta de recibos de entrega del apoyo en dinero y la inclusión de personas que no forman parte de grupos vulnerables.
