DIFERENCIAR OPINIÓN DE INFORMACIÓN GARANTIZA
AL PUEBLO SU DERECHO A ESTAR BIEN INFORMADO
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al Poder Legislativo Federal garantizar que los medios informativos, especialmente los noticieros de radio y televisión, aclaren a sus audiencias que una información es tal u opinión, generó una virulenta reacción de los dueños de estaciones radiodifusoras y canales de televisión.
En sintonía con sus patrones están los periodistas. Ambos grupos denuncian que lo resuelto por la SCJN constituye un atentado a la libertad de expresión y es un retroceso hasta épocas de la censura previa, porque cuando se legisle para acatar el mandamiento de la institución no se podrá ejercer el periodismo.
Se trata de una argumentación falaz, motivada por el afán de mantener las condiciones que les permiten engañar a sus audiencias, lo cual puede decirse también de sus lectores en medios impresos, a quienes les mienten ofreciéndoles no sólo opiniones como información, sino también noticias pagadas, presentadas como si fuera información verdadera y de interés general.
En realidad lo ordenado por el máximo tribunal garante de la constitucionalidad en el país se quedó corto, porque aun cuando es un avance, no tutela cabalmente el derecho constitucional de los mexicanos a estar bien informado, que no ocurre cuando se presentan opiniones como si fueran noticias y no se advierte a las audiencias y lectores de medios informativos impresos sobre la información pagada.
Mienten los dueños de los grandes medios informativos y sus periodistas al decir que si el Poder Legislativo Federal acata (es su obligación hacerlo) lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se limitará la libertad de expresión. Ese riesgo no existe, porque nada hay en ese sentido, y el mismo sentido común así lo indica con toda claridad.
Lo que sí se limitará e impedirá, y eso será bueno para la sociedad, es que los medios informativos engañen presentando opiniones como si fueran información veraz o, peor aún, que difundan información pagada sin aclarar que se trata de eso, y no de noticias de interés general.
Los grandes medios informativos y sus periodistas saben que establecer con claridad la obligación de informar con veracidad y diferenciar la información de interés general de las noticias pagadas y de las opiniones no limita la libertad de expresión, pero sí afectará el negocio del engaño y erradica la capacidad de chantaje y extorsión vía calumnias, opiniones basadas en suposiciones de mala fe y difusión de mentiras. Es decir, utilizan una presunta defensa de la libertad de expresión (que no está en peligro), para defender sus negocios particulares.
Está ocurriendo otra vez como cuando difundían que el entonces líder opositor, Andrés Manuel López Obrador era “un peligro para México”. No lo era y mentían. En realidad representaba un peligro para sus privilegios, para sus oportunidades de participar en el saqueo de los fondos públicos y de bienes de la nación. Sí ahora. Hablan de un peligro para la libertad de expresión, no lo es. En cambio, la reforma sí busca acabar con la práctica del engaño como medio para hacer negocio con información pagada, disfrazada de noticias de interés general.
