*La ultraderecha peruana no cesa en sus intentos por quitar al gobernante progresista.
De la Redacción
La oposición de ultraderecha y derecha del Perú, en el Congreso, buscará el próximo día 28 destituir al presidente izquierdista Pedro Castillo, en un juicio político por “vacancia por incapacidad moral”; es decir, por presunta corrupción del mandatario, que todavía no cumple ocho meses en el cargo y fue obligado ya a cambiar 4 veces su gabinete y ahora enfrentará un segundo intento de destitución, por acusaciones inverosímiles de una empresaria opositora, quien declaró (y la Fiscalía le dio crédito a sus palabras), que presenció cuando el mandatario ordenó pedir “mordidas” para entregar contratos de obras.
El problema es que se trata de una persona de confianza o cercana al mandatario peruano, y resulta imposible creer que estuviera presente allí junto al mandatario al momento de los supuestos hechos porque es opositora a él. Esa acusación es tanta como si Claudio X. González, Carlos Loret de Mola o Lilly Téllez, abiertos opositores y adversarios del presidente y la 4T, dijeran que estuvieron presentes cuando López Obrador ordenó le rentaran a su hijo una casa, no que se la regalaran sino solo rentada, y con eso bastara para iniciar un proceso de destitución.
Los analistas políticos peruanos independientes consideran casi imposible que la mayoría opositora, encabezada por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, consiga los 87 de 130 votos indispensables para aprobar la “moción de vacancia por incapacidad moral”; es decir, la destitución del maestro rural Pedro Castillo, un hombre que vive de acuerdo con su salario.
No obstante, a diferencia de México, la oligarquía peruana tiene base social, como lo prueba su condición mayoritaria en el Congreso Nacional de 130 diputados, aunque no tiene mayoría calificada.
