*La abusiva fórmula de asignación, igual a la de prerrogativas federales.
De la redacción
Del presupuesto general del gobierno estatal se destinarán 795 millones de pesos para los partidos políticos, quienes después del proceso electoral locales del año pasado ya no tendrán elecciones generales en la entidad, salvo una extraordinaria en Atlautla. No gastarán en la búsqueda del voto popular.
El monto lo cobrarán trabajen o no trabajen, y no tienen problemas de disminución de sus prerrogativas, porque la abusiva fórmula empleada para determinar el monto general y para cada partido no se modificará de inmediato.
Los esfuerzos por reducir el costo de los partidos políticos se han estrellado ante la insensibilidad y convenencierismo de las organizaciones políticas, quienes no quieren modificar la Constitución Federal, ni las locales, porque se acostumbraron a disponer de mucho dinero público, y no pocos lo conciben como negocio particular, familiar o de grupo.
De acuerdo con un análisis de “El Espectador” al problema, el costo de nuestra democracia se abatiría al 50 por ciento con voluntad política de las formaciones partidistas en los ámbitos federal y estatales.
Para ello bastaría con legislar para que las prerrogativas o subsidios se calcularan no con base en el número de votantes de la lista nominal, sino de los sufragios que en conjunto obtienen las organizaciones.
El promedio de participación anda en el 50 por ciento, por lo que si, como lo exige la lógica, se les paga por su eficacia en el convencimiento de los electores para acudir a las urnas, automáticamente el gasto de fondos públicos se reduciría a la mitad, en promedio.
No ocurre así, pues el dinero público entregado a los partidos oficialmente (hay sospecha de apoyos extralegales) toma en cuenta el número votantes totales de la lista nominal; es decir, se les entrega dinero del erario hasta por quienes no votan.
Y es legal, porque así está en la legislación aplicable, aprobada -precisamente- por diputados y senadores de los propios partidos. Es decir, ellos mismos son quienes establecieron que la base para determinar la suma general a entregarse a las organizaciones políticas es la del número de inscritos en la lista nominal correspondiente.
A escala nacional esa lista es de 93 millones 318 mil electores, y los partidos reciben dinero como si hubieran llevado a los sitios de votación al ciento por ciento de ese número, no a la mitad.
En el caso del estado de México la lista de votantes era, en junio del 2021, de 12 millones 270 mil personas, pero votaron aproximadamente 6 millones 603 mil. Dejaron de participar 5 millones 767 mil electores, pero a los partidos se les está entregando dinero por los 12.3 millones de mexiquenses inscritos en la relación nominal: Se les está premiando su ineficacia para convencer a los ciudadanos a ejercer su derecho constitucional al sufragio.
Si sólo se les paga por sus respectivas clientelas electorales, las prerrogativas se reducirían en un 50 por ciento, pero para ello se requiere que los propios partidos, quienes serían los principales afectados en sus ingresos, por conducto de sus diputados locales reformaran las leyes aplicables.
