*El compromiso de los contralores es con sus quincenas y con quien los puso.
De la redacción
Aunque existen mecanismos financieros para reparar los daños a las arcas municipales a manos de funcionarios deshonestos, los quebrantos patrimoniales a los ayuntamientos no se reparan por la corrupción de los alcaldes: no hacen efectivas las fianzas que, para cubrir daños, se contratan. Y no es porque desconozcan la situación, sino que “por dinero protegen a las afianzadoras”, sostuvo el conocido jurista mexiquense, Gerardo Fuentes Ruiz.
Esto sucede a escala municipal, pero la inacción, encubrimiento y protección de las entidades fiscalizadoras ante actos de corrupción y los corruptos se da también en los tres poderes estatales, lo cual explica que no haya un solo alto funcionario corrupto preso, ni se hagan efectivas las fianzas, ni se reparen los daños patrimoniales, abundó.
Fuentes Ruiz criticó también el que no se establezca la obligación de contratar fianzas contra actos de corrupción en los poderes del Estado, y éstas sólo sean exigidas a los funcionarios municipales.
Se trata de dos situaciones distintas, pero negativas para los intereses generales de la población: una, el “olvido” de los alcaldes de hacer efectivas las fianzas; y, dos, la omisión de exigir esas fianzas a los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, explicó el jurista.
Por esa razón no se reparan los daños patrimoniales a los municipios, ni al Estado, cuando sería fácil lograrlo con sólo demandar de las afianzadoras que asuman su obligación de cubrir los quebrantos, puesto para eso se contratan las fianzas de los funcionarios responsables del manejo de fondos públicos, de la asignación de contratos o quienes influyen en las acciones institucionales.
Fuentes Ruiz explicó que en el Estado y en el país existen buenas leyes para prevenir y castigar la corrupción, pero los responsables de aplicarlas no lo hacen, porque su compromiso no es contra la corrupción, sino con quienes les pagan las quincenas y con quienes les dan los cargos.
En estas condiciones, “las leyes se convierten en letra muerta, en perjuicio de los intereses de la sociedad y todo queda en simulación”, recalcó el conocido abogado postulante toluqueño, quien ganó varios amparos al Poder Legislativo para que no se aplicaran los aumentos a las cuotas de los servidores públicos mexiquenses.
Analistas y especialistas en el tema, como Arturo Huicochea, coinciden en que carece de utilidad social detectar y hasta encarcelar a los corruptos, si no se reparan los daños, ni se recupera lo robado.
El Estado de México está considerado por el INEGI como uno de los de mayor índice de corrupción en el país, pero no hay corruptos presos, ni reparación del daño, ello alienta las conductas corruptas y daños al patrimonio público.
