NO SE PREVIENE, NI COMBATE
LA CORRUPCIÓN EN EDOMEX
OSFEM NO RECIBE INFORMACIÓN COMPLETA PARA
FISCALIZAR; EDILES, CON COMUNAS EN RUINAS
En este espacio se ha reflexionado sobre el grave problema de la corrupción e impunidad prevalecientes en el Estado de México, cuyo Sistema Anticorrupción nació muerto, porque las leyes reformadas para su creación, especialmente el Código Penal, dio impunidad a los titulares de los poderes estatales, comenzando por el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, a los alcaldes y funcionarios estatales y municipales de designación y de los organismos autónomos.
Esa impunidad, apoyada también por los diputados de Morena, consistió en la derogación del catálogo de las distintas modalidades del delito de corrupción, perpetradas hasta el 30 de mayo de 2017, tres meses y medio antes de terminar el sexenio eruvielista. Fue sustituido por otro nuevo, pero en el propio cambio a la legislación penal se estableció que sólo podrían tramitarse las anteriores conductas delictivas, si ya estaban denunciadas.
Como ocurre actualmente, entonces no había denuncias contra el mandatario, ni los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, ni contra alcaldes o funcionarios de designación, por lo que, para efectos legales, los delitos de corrupción cometidos hasta el último día de mayo de 2017 y que no hubieran sido denunciados, ya no pueden investigarse. Y cómo las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva, tampoco podrán investigarse y castigarse con el nuevo catálogo. Quedaron impunes.
Así, la impunidad fue legalizada y generalizada en suelo mexiquense por las propias leyes que dieron nacimiento al Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Ávila Villegas quedó sujeto a responder por los nuevos delitos de corrupción, pero sólo si se cometieron entre el primero de junio y el 15 de septiembre de ese 2017. Quedó protegido, junto con sus colaboradores, frente todos los actos de corrupción que presuntamente haya podido perpetrar, desde el 16 de septiembre de 2011 hasta el 30 de mayo de 2017. Estos antecedentes explican la ineficacia e ineficiencia, para no hablar de protección, del Sistema Anticorrupción mexiquense a corruptos. Por eso no hay un solo funcionario ex funcionario de elección popular o de designación preso y no se ha recuperado dinero público robado por los corruptos, mientras los gobiernos municipales se quejan de que les dejaron administraciones en ruinas.
Gerardo Fuentes Ruiz, un prestigiado jurista mexiquense, amplió información sobre el tema y problema. En declaración a “El Espectador” reveló que la falta de voluntad política para combatir, erradicar y castigar la corrupción en el Estado de México se expresa en que los alcaldes ni siquiera se interesan en hacer efectivas las fianzas de los funcionarios municipales, depositadas, precisamente, para reparar daños al patrimonio de los municipios.
El caso es más grave en los poderes estatales, cuyos funcionarios de designación ni siquiera depositan fianzas para resarcir a esas instituciones de los quebrantos que pudieran ocasionar por actos de corrupción en sus diversas modalidades y tipo penal, a pesar de que el Sistema Anticorrupción pronto cumplirá 5 años.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), parte integrante de ese sistema denunció que áreas del Poder Ejecutivo se niegan a entregar información suficiente y oportuna sobre los programas ejecutados, por lo cual no se puede fiscalizar el gasto. Esa es la realidad de la lucha anticorrupción en el territorio mexiquense.
