*Vetaría AMLO “cobranza delegada”. *Querían embargar ahorros de Afores.
GABRIEL L. VILLALTA
Los cambios a las leyes que regulan los servicios financieros y, específicamente, la autorización a patrones para descontar a sus trabajadores deudas obtenidas con bancos y otras entidades financieras, vía crédito de nóminas, no pasarán: el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los vetará, y ya en Congreso ha sido congelada la iniciativa.
Sin embargo, el proyecto ha puesto sobre la mesa el tema del endeudamiento global de los trabajadores, el monto acumulado de esas deudas alcanzó al 31 de diciembre de 2021 los 261 mil millones de pesos, un aumento de casi 100 por ciento respecto al cierre de 2016 (132 mil 833 mdp), según información del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De todos modos, el intento evidenció la presencia en el Senado de la República de legisladores, incluyendo no pocos de Morena, quienes fueron convencidos por los intereses antipopulares del sistema financiero, que buscaban convertir a los patrones en sus agentes de cobranza ante los asalariados.
Los senadores aprobaron que bancos y otras instituciones financieras recuperen préstamos de nómina a través de las empresas donde trabajan los deudores, y para ello podrían descontarles hasta el 40 por ciento del salario. Es decir, antes de pagarles su raya, los patrones estarían autorizados para retenerles dos quintas partes del sueldo y entregarlas directamente a los acreedores del trabajador.
La Cámara de Diputados Federal regresó al Senado la minuta, pero le hizo cambios, que éste, como cámara de origen, debería atender. Y debía devolver la minuta para el visto bueno de los diputados, pero después del rechazo de los asalariados a esas reformas, y del anuncio del veto presidencial, el senador Ricardo Monreal Ávila anticipó que el asunto quedará congelado.
A la fecha, dirigentes sindicales y especialistas en derecho laboral aún no entienden qué razones pudieron tener los representantes populares de Morena para aprobar estas reformas a la “Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito”, “Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito” y “Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros”.
Ni los gobiernos neoliberales se atrevieron a tanto. Esos cambios hubieran convertido a las empresas en tiendas de raya, en perjuicio de la clase trabajadora y en beneficio de las entidades financieras.
INTENTABA EMBARGO A AHORROS EN AFORES
El escándalo hubiera sido todavía mucho mayor y la irritación social mucho más grande porque la iniciativa original autorizaba a las entidades financieras cobrarse las deudas de los ahorros de los asalariados manejados por las Afores, con consecuencias desastrosas para los montos de las pensiones por jubilación, pero la pretensión fue excluida.
