*Sumió a la Fiscalía en la ineficacia y se multiplicaron los viejos vicios.
GABRIEL L. VILLALTA
(Tercera parte)
El año pasado, cuando los miembros del gabinete, subordinados del gobernador Alfredo del Mazo Maza, comparecieron ante la Legislatura Local para ampliar la información del informe anual del mandatario, también lo hizo el fiscal general de Justicia del Estado, Alejandro Gómez Sánchez.
Hasta los propios representante populares se sorprendieron que en la relación de los funcionarios del Poder Ejecutivo estatal figurara el fiscal, porque no formaba parte del equipo de colaboradores de del Mazo Maza.
Gómez Sánchez se asumió así como subordinado del gobernador, y éste hizo igualmente mal, al ordenarle que se presentara ante la representación popular para que diera a conocer los resultados de su gestión, correspondiente al año del informe del titular del Poder Ejecutivo del Estado.
En sus cuatro años como cabeza de un órgano con autonomía constitucional no la hizo valer, ni siquiera exigió se le dotara de autonomía financiera y presupuestal. Los fondos que recibía y ejercía provenían de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo.
El primer fiscal general mexiquense aceptó el papel de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, como lo prueba su comparecencia ante el Legislativo junto con los subordinados del gobernador y su dependencia económica de la Secretaría de Finanzas, pero con ser negativa esta situación, lo peor fue la persistencia de viejos vicios como la ineptitud, la corrupción, el mal trato a quienes acudían a presentar denuncias, justo como cuando la institución era Procuraduría General de Justicia.
Como en los dos anteriores números de “El Espectador” se detalló, y lo reconoció el día 17 de este es el nuevo fiscal general de Justicia, José Luís Cervantes Martínez, en una reunión con diputados locales, la institución está sumida en la ineficacia y corrupción, expresada en un alto índice de impunidad de los delincuentes.
La autonomía constitucional de la Fiscalía no se ha traducido en un aumento de la eficacia en su función de procurar justicia, combatir los delitos e impedir la impunidad: de todas las denuncias de delitos cometidos apenas se dicta sentencia en el 2 por ciento, incluyendo resoluciones judiciales condenatorias y absolutorias.
De más de 360 mil carpetas de investigación abiertas en 2021, sólo se resolvieron 7 mil, y la impunidad alcanzó el 2 por ciento de los delitos denunciados. El nuevo fiscal se comprometió a efectuar una “limpieza”, terminar con la corrupción, el mal trato a las víctimas y reducir la impunidad.
