*Consejeros dicen defender la constitución, pero la violan con sus altos salarios.
De la redacción
Se acerca la fecha de la jornada de votación para consultar a los ciudadanos si desean la renuncia o la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo, y el Instituto Nacional Electoral (INE), actúa con desgano y con mala difusión del acontecimiento histórico. Sus spots son flojos, nada motivantes, como si deliberadamente buscara inducir la abstención.
En este tema, el TEPJF resolvió que los criterios aprobados por el Legislativo que diferenciarán la propaganda gubernamental de la difusión e información institucional no pueden aplicarse al proceso de revocación, porque el proceso ya está en marcha. En estas circunstancias, funcionarios no pueden promover la consulta de revocación de mandato.
Un seguimiento de “El Espectador” a la actuación del organismo electoral encontró que los consejeros, especialmente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, muestran más interés en asumirse como opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que en impulsar la consulta de revocación de mandato.
Su rijosidad no corresponde a la de quienes están obligados constitucional y legalmente a promover la democracia y la participación de la ciudadanía en asuntos relevantes, como el de decidir con su voto si un gobernante continúa o abandona su puesto a poco más de la mitad de su sexenio. Incumplen con la máxima de que las instituciones deben sentirse, no verse.
Los malos spots que anuncian la fecha del 10 de abril para la consulta ciudadana en cuestión no motivan. Ni son vehementes, como deberían. Son convocatorias flojas, como si deliberadamente buscaran desalentar a los votantes y lograr una alta indiferencia y abstención.
No difunde el INE que se tratará de un acontecimiento electoral histórico, sin precedente en los más de 200 años de vida independiente, pues jamás la ciudadanía había tenido en sus manos la facultad de deshacerse pacíficamente, en las urnas, de malos presidentes de la República.
CONSTITUCIONALISTAS, POR CONVENIENCIA
Los consejeros se muestran enjundiosos defensores de la Constitución, pero cuando afecta sus intereses económicos personales, la desconocen, ignoran y violan, como ha ocurrido en los dos últimos años. Han recurrido al amparo en defensa de sus descomunales montos salariales.
La Constitución es clara en cuanto a que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República, pero los consejeros del INE no acatan el mandato constitucional que los obliga a ajustar sus sueldos al del mandatario federal.
Violan la Máxima Norma del país, de la cual se muestran furibundos defensores cuando se trata de criticar al presidente López Obrador, a senadores y diputados federales, ante el silencio de los constitucionalistas. Éstos se opusieron, con razón, a la continuidad del ministro Arturo Zaldívar dos años más como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como lo disponía una reforma judicial. Adujeron que la Constitución ordenaba lo contrario.
No obstante, apoyan los agravios a la Constitución en el caso de los sueldos de los consejeros del INE. No condenan que ganen más que el presidente de la República.
