*La importancia de la consulta popular fue su precedente histórico.
De la redacción
Como se esperaba, una amplia mayoría de los electores quienes acudieron ayer a las urnas ratificó su confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador y derrotó a la opción de “revocación de mandato”. No obstante, la participación en las urnas no alcanzó para ser vinculante, pues solo acudieron entre el 17.0 y el 18.2% de los inscritos en la lista nominal; es decir, entre 17.8 y 17.7 millones de mexicanos, según las cifras preliminares y los conteos rápidos al cierre de esta edición de “El Espectador”.
Según los datos manejados al cierre de la jornada, menos del 8.0 por ciento de los participantes se habría expresado por que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo (entre 6.4 y 7.8 por ciento) en tanto más del noventa por ciento apoya su permanencia en el mismo (entre 90.3 y 91.9%); es decir, nueve de cada diez electores ratificaron su confianza en las políticas del mandatario y su programa de gobierno de la 4T.
Destaca entre los datos dados a conocer el día de ayer, y que se espera sean ajustados y ratificados de manera oficial, el que acudieron a votar a favor del mandatario una cantidad de electores equivalente al cincuenta por ciento de los votos que obtuvo en 2018, pero con solo una tercera parte de las casillas instaladas, sin duda un fenómeno digno de análisis más profundos.
Más allá del resultado, la trascendencia de la consulta de ayer fue el precedente democrático de la oportunidad de los electores de decidir por primera vez en la historia la salida o permanencia de un presidente de la República.
Nunca en los 201 años del México independiente los votantes habían tenido en sus manos esta posibilidad constitucional, como este domingo.Para que el resultado de la opción de revocación de mandato fuera de acatamiento obligatorio, además de ser mayoritaria, la concurrencia a las urnas debía ser del 40 por ciento; sin embargo, el presidente adelantó que, si la mayoría le retiraba el mandato, dejaría el cargo aunque no se alcanzará la participación de las dos quintas partes de la lista nominal votantes.
La baja participación se explica en gran parte por el boicot del INE, quien contrariamente a su obligación constitucional, no difundió ampliamente y con eficiencia la consulta, ni mucho menos invitó con vehemencia y enjundia a los ciudadanos para acudir a las urnas y ejercer el derecho de alejar del cargo o ratificarle la confianza a quien ocupa el puesto de máxima responsabilidad en el país: al presidente en turno.
A la baja participación ciudadana en la consulta contribuyó en mucho el Instituto Nacional Electoral (INE), paradójicamente creado para impulsar la democracia y fomentar la asistencia de los votantes a las urnas.Dejó la impresión de que buscaba desalentar el ejercicio de un derecho constitucional que no existía hasta el 2018: la facultad de los electores de revocarle el mandato o ratificar la confianza en un presidente de la República.
Los sanciones y restricciones a partidos e instituciones por promover la consulta exigen una reforma, pues lo que debe prohibirse es el llamado a votar en un determinado sentido, no el invitar a ejercer un derecho; es decir, la ley actual castiga a las autoridades que fomentan la participación ciudadana en un ejercicio democrático.Como contradicción descomunal debe señalarse el comportamiento de quienes no quieren al presidente López Obrador y que ahora que tenían la oportunidad de alejarlo del cargo mediante el voto: llamaron a no votar.
