*No procuran justicia y la corrupción, impune, pero se encarcela a inocentes.
De la redacción
Juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos coincidieron en destacar el grave problema del débil Estado de Derecho en suelo mexiquense, expresado en una alta impunidad, mezclada con violaciones a los derechos humanos.
“Si de más de 360 mil carpetas de investigación abiertas el año pasado sólo se dictaron 7 mil sentencias, quiere decir que en el 98 por ciento de las denuncias no hubo justicia, hubo impunidad”, apuntó el jurista Gerardo Fuentes Ruiz.
Pudo ser porque las carpetas de investigación se integraron mal por ineficacia o por deficiencia, pero “lo más grave sería que deliberadamente, por actos de corrupción, se hayan trabajado mal, para que las sentencias fueran absolutorias”, abundó el conocido abogado postulante toluqueño.
Por otra parte y desde hace varios años, Humbertus Pérez Espinosa, fundador y líder las organizaciones “Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna” y de “Presunción de Inocencia” (la cual creó cuando fue preso político), ha advertido que miles de personas inocentes se encuentran presas con cargos inventados y confesiones obtenidas mediante torturas y violaciones a sus derechos humanos.
Él mismo fue encarcelado con cargos falsos, como represalia del gobierno de Eruviel Ávila Villegas por denunciar la corrupción de funcionarios, quienes protegieron a inmobiliarias rapaces, la cuales vendieron casas con excesivo sobreprecio y mal construidas, no cumplieron con las obras de urbanización, ni dotaron a las colonias de servicios públicos de calidad, pero aun así les devolvieron las fianzas que dejaron para garantizar la entrega de esas obras.
Por su parte, la organización “Haz valer mi libertad”, de familiares de presos mexiquenses, denunciaron que ni en las cárceles estatales se cumple el estado de derecho, porque autoridades y reos peligrosos mantienen un sistema de extorsión, venta de protección, torturas y cobro por servicios que deben ser gratis.
Otra manifestación del débil estado de derecho lo constituye la impunidad para los corruptos, pues el INEGI y organizaciones civiles ubican a la entidad mexiquense como la más corrupta del país, pero no hay un solo alto funcionario o alcalde preso por corrupto.
Cada año en la aprobación de las cuentas públicas estatales y municipales el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), dependiente del Poder Legislativo, encuentra irregularidades y presenta observaciones que no se cumplen. En la del 2019 se presentaron observaciones por miles de millones de pesos, pero tres años después sólo se había solventado el 22 por ciento.
El tiempo para justificar gastos se agotó, pero a nadie se le exigió restaurar los daños patrimoniales, ni se denunció a funcionario alguno por los posibles actos de corrupción.
