*El fallo adverso de la SCJN no lo inhabilita para mantenerse en el cargo.
De la redacción
El fiscal Alejandro Gertz Manero está en una posición difícil, pero no ilegal. El fallo adverso para él de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el litigio penal particular que sostenía con quien fuera pareja sentimental de su fallecido hermano Federico y que le costó más de 500 días en prisión a la hijastra de éste, Alejandra Cuevas Morón, dio lugar a una furibunda campaña mediática de desprestigio, la cual dañó la imagen del funcionario, pero al mismo tiempo dejó en claro que no incurrió en abuso de poder.
Tampoco cometió tráfico de influencia, pues fracasó en su intento de lograr una sentencia condenatoria para la procesada; ni en conflicto de interés, porque en la demanda contra su excuñada, Laura Morón, madre de Alejandra, actuó como ciudadano. Cuando presentó la denuncia penal no era fiscal, sino particular.
De todos modos, la campaña de descrédito lo afectó, y eso no es bueno para la procuración de justicia del fuero federal, que requiere de un fiscal, fuerte, creíble y con gran respaldo social, que no tiene ahora Gertz Manero.
No obstante, su debilitamiento institucional no constituye una causal para una remoción, ni lo es su participación en su fracasada denuncia penal contra la pareja de su hermano Federico, ni se acreditó su conflicto de interés; es más, el propio fallo adverso de la SCJN desbarató el señalamiento de su tráfico de influencia.
En estas condiciones, adelantó que no renunciará al cargo, de modo que el único que puede removerlo por tener facultades constitucionales para ello es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario ya declaró que le tiene mucha confianza al fiscal, por lo que no es esperable que decida removerlo. Además, no podría hacerlo sin causales graves, en el supuesto de que se animara a proceder de esa manera.
La razón es simple, cualquier causal que invocara el mandatario para sacar del cargo a Gertz Manero tendría que ser avalada por el Senado de la República en un plazo no mayor 10 días, contados a partir de la fecha en que tomara la medida tomada.
Y si las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión del caso no estuvieran de acuerdo en la remoción ordenada por el mandatario, el fiscal reasumiría sus funciones en un breve tiempo.
El problema ahora consiste en la aparente falta de capacidad de Gertz Manero para esclarecer en poco tiempo casos de corrupción de alto impacto, que marchan con mucha lentitud en la Fiscalía, mientras la comunidad mexicana se desespera por la impunidad que esa tardanza representa para los grandes corruptos.
