*El último procurador que duró 6 años fue Carlos Curi Assad, durante 1975-1981.
De la redacción
(Segunda parte)
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (PGJEM), hasta 2016 como Procuraduría, además de los problemas de personal insuficiente, corrupción e ineficacia, agrega la inestabilidad de sus titulares en el cargo.
Desde 1981 ninguno de los procuradores duró siquiera seis años al frente. El último en lograrlo fue Carlos Curi Asaad, quien desempeñó el cargo todo el sexenio del gobernador Jorge Jiménez Cantú (1975-1981).
Con Gómez Sánchez y desde 1981, a la fecha desfilaron por la titularidad de la institución 17 personajes. Todos hombres, pues ninguna mujer ha ocupado el cargo en ese tiempo, y a Alejandro Gómez Sánchez le tocó la transición de Procuraduría a Fiscalía, aunque al final las cosas no sólo siguieron mal, sino que la eficacia se redujo y, como consecuencia, creció la impunidad.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) se vio envuelta incluso en una gigantesco escándalo por el “caso Paulette” -la niña desaparecida y extraviada varios días, para después ser encontrada muerta en su propia cama-, con Alfredo Castillo, más tarde titular de la institución.
El actual relevo de Alejandro Gómez Sánchez es el número 18 en la titularidad de la procuración de justicia mexiquense, para un promedio de poco más uno cada dos años, prueba de la inestabilidad de procuradores y a partir del 2016, fiscales generales, autónomos, pero sin cumplir con su obligación constitucional de procurar justicia a los mexiquenses.
En ese período, en la relación de procuradores y un fiscal figuran destacados personajes de la política y del mundo jurídico estatal estatal, como Humberto Lira Mora, Miguel Basáñez Ebergenyi, Héctor Jiménez González, Humberto Benítez Treviño, Luis Rivera Montes de Oca, Abel Villicaña Estrada, Miguel Ángel Contreras Nieto y Alejandro Gómez Sánchez, pero esos hombres, ni la elevación de la representación social del Estado a rango de autónoma pudieron lograr una procuración de justicia a la altura de la importancia de la entidad.
Muchos cambios, muchas figuras, aumento de presupuesto e instalaciones, pero pocas tareas de saneamiento de la FGJEM (antes PGJEM). Y resulta preocupante presenciar como la autonomía constitucional en cerca de 6 años no se ha traducido en un cambio positivo en el desempeño y resultados de la institución; al contrario, el porcentaje de las carpetas de investigación (conocidas antes como averiguaciones previas) integradas y judicializadas (consignadas, les decían antes) cayó en ese tiempo.
Las determinadas, integradas y judicializadas representan una proporción mínima comparadas con el número de denuncias oficializadas ante las agencias del ministerio público y, peor, ante las cifras negras de los delitos.
