*Adujeron que viola la libre competencia y privilegiaba a energías sucias.
De la redacción
(Segunda parte)
Una costosísima campaña mediática, en la cual intervinieron presuntos expertos independientes pagados por las empresas del sector, la utilización de información falsa sobre la libre competencia, las energías limpias, la conveniencia de las subastas y los altos costos de la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), terminó en fracaso. La Ley de la Industria Eléctrica es constitucional.
La reforma a la citada legislación fue cuestionada en tribunales por senadores de oposición, por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y por el gobierno de Colima, quienes promovieron ante la Suprema Corte de Justicias de la Nación (SCJN) controversias constitucionales, para que los cambios aprobados en marzo del 2021 fueran declarados inconstitucionales.
El trámite inició con ausencia de autocrítica por parte de los legisladores, porque intentaron impedir que la ministra Loretta Ortiz, a quien le correspondió estudiar y dictaminar la controversia, participara en el debate y en el análisis de asunto, porque a juicio de los senadores de oposición, tenía un ‘conflicto de interés’.
Adujeron que como diputada federal votó en contra de la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No repararon en que si la ministra votó en contra de la norma, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los impulsores de la controversia estaba más impedido, porque como secretario de Gobernación firmó la iniciativa de ley correspondiente y su conflicto de interés era mucho mayor a supuesto de Loretta Ortiz.
En el mismo supuesto estaban legisladoras del PAN, familiares de Felipe Calderón Hinojosa, quien entregó los contratos a las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, pues el propio exmandatario incluso formó parte del Consejo de Administración de Iberdrola, a la cual le otorgó contratos de generación de energía.
Los argumentos de que la Ley de la Industria Eléctrica atentaba contra la libre competencia no resistía un análisis riguroso, pues los artículos reformados eran los que daban todas las ventas a las generadoras privadas, mientras ataban a la CFE y limitaban su papel al de pagar los subsidios a los particulares. Y era obligada a para sus plantas, para comprarle el fluido eléctrico a las compañías privadas.
Otro argumento fue el de que la reforma privilegiaba las energías sucias y dejaba en segundo término las limpias. En el debate se explicó que la CFE produce el 55 por ciento de las energías limpias y puede aumentar mucho ese porcentaje, porque tiene paradas sus hidroeléctricas que producen las energías más limpias y baratas, y se modernizarán para elevar su eficacia, además de que las hidroeléctricas operan las 24 horas del día, contrariamente a las plantas de energía solar: no producen en las noches, ni cuando se nubla el cielo. Las plantas eólicas no lo hacen sin viento.
El otro argumento falaz fue el de que se restablecería el monopolio, cuando los particulares pueden participar y atender al 46 por ciento del mercado, y en cuanto a que la recisión de los contratos viola garantías constitucionales, se demostró que hasta la propia Constitución puede revisarse, con mayor razón un contrato.
Otro argumento falso fue el ahorro en las subastas, como se denomina al mecanismo por el cual se decide qué energía se sube primero a la red, y determina el precio más bajo: se demostró que eso era una maniobra tramposa, porque al final toda la energía vendida por los particulares a la CFE se pagaba a la tarifa más alta, no a la más baja, como debía ser; es decir, se trataba de un engaño con cargo a las finanzas de la CFE.
