*El 75.0% corresponde a créditos de los bancos del propio gobierno.
De la redacción
La apertura del sector eléctrico a las empresas privadas, iniciado con violaciones a la Constitución en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, porque se apoyó en cambios a la legislación secundaria, sin modificar la Máxima Norma, tampoco propició el ingreso de grandes montos de inversión extranjera directa, como se ha justificado.
De acuerdo con la información expuesta en el debate de la reforma constitucional en materia de energía eléctrica, desechada por la oposición en la Cámara de Diputados Federal, apenas el 25.0% de la inversión privada acumulada en la industria eléctrica corresponde al capital extranjero.
La inversión extranjera proveniente del extranjero representa 11 mil millones del monto total de 44 mil millones de dólares; es decir, esos 11 mil son la suma real de dinero extranjero que ingresó a México.
Las empresas extranjeras, especialmente las españolas, fueron apoyadas por el propio gobierno mexicano para que invirtieran en el sector eléctrico. La llamada banca de desarrollo, junto con los ahorros de los trabajadores vía las AFORES, aportó el 75.0% del capital arriesgado, por un monto de 33 mil millones de dólares.
Las violaciones a la Constitución, que prohibía la inversión privada en la industria eléctrica, comenzaron en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y concluyeron en el 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto modificó la Constitución, para que la participación de la iniciativa privada nacional y extranjera tuviera sustento constitucional.
Hasta en este ángulo del problema se procedió fuera de la normalidad. Lo correcto siempre es que el marco jurídico secundario; es decir, el reglamentario, se adapte a las disposiciones constitucionales en la materia. Pero en este caso se procedió al revés.
Fue la Constitución la que se sintonizó con lo que ya se hacía con respaldo en la legislación secundaria: la intervención privada en algo prohibido por la primera, pero que ningún constitucionalista había denunciado.
Desde 1992, especialmente a partir de la reforma energética impulsada por los intereses que llevaron a la presidencia al mexiquense Enrique Peña Nieto, la propaganda mediática para justificar la entrega de los sectores petrolero y de energía eléctrica a empresas privadas se basó en el argumento de que llegaría a México mucha inversión extranjera directa.
Ahora se reveló que el dinero de otros países llegó poco, y fueron los bancos del gobierno y los ahorros de los trabajadores acumulados en las afores quienes financiaron a las empresas extranjeras; es decir, se el dinero de los mexicanos se les dio a los extranjeros, junto con el mercado y las facilidades para construir oligopolios.
Invirtieron dinero ajeno, y aunque adquirieron deuda, del exterior trajeron sólo una cuarta parte de los 44 mil millones de dólares ‘particulares’ invertidos en el sector eléctrico. Y ya recuperaron en pocos años, por lo menos, la mitad de ese monto.
