De la Redacción
Condenable la ejecución de dos mujeres periodistas, en Veracruz. Debe investigarse a fondo y castigarse a los responsables materiales e intelectuales por obligación legal, pero también por tratarse de una actividad de alto contenido social y que, cuando se ejerce con profesionalismo y ética, resulta fundamental para que los miembros de la sociedad disfruten de su derecho a estar bien informado.
Ese mismo derecho se complementa con la obligación de la instituciones a informar, y con ello se fortalece la democracia. Además, las autoridades están obligadas a proporcionar seguridad a todos los gobernados, a sus bienes y familias. Esa obligación incluye el castigo a los culpables e impedir la impunidad.
Aun cuando una abrumadora mayoría de mexicanos considera que las muertes violentas intencionales de delincuentes, masacres incluidas, no deben castigarse, ni siquiera investigarse, las autoridades están obligadas a hacerlo, y con mayor razón las de periodistas, porque su trabajo trasciende, más allá de la condición de actividad laboral.
