De la Redacción
En el supuesto caso de que alguna de las periodistas Yessenia Molinedo y Joanna García, asesinadas el lunes en Veracruz, haya tenido vínculos con algún grupo criminal, de todos modos el gobierno de ese estado debe investigar, esclarecer al hecho y castigar a los culpables materiales e intelectuales del caso, y entenderse el caso en el contexto de alta vulnerabilidad en que desarrollan su actividad profesional los periodistas en zonas con alta presencia de la delincuencia organizada; sobre todo, en estados y regiones del interior del país.
Los mimos supuestos vínculos de una de las periodistas asesinadas deben examinarse como parte de los riesgos de los periodistas e informadoras profesionales quienes, ante la falta de seguridad y protección para ejercer libremente su actividad, se ven obligados a ceder ante la delincuencia organizada y muchas veces publicar información que perjudica a otro grupos criminales rivales. Después, éstos privan de la vida o desparecen a los informadores en represalia.
Lo peor es que, quienes trabajan cubriendo la “fuente” policíaca, además, ganan poco, se desenvuelven en la precariedad económica, sin seguridad social y corren alto riesgo de ser objeto de ejecuciones, lo cual, afortunadamente, no ocurre con los periodistas famosos, multimillonarios y muy probablemente corruptos, quienes pueden mentir, difamar, insultar y distorsionar información y análisis, y defienden siempre sus privilegios personales y de grupo, no los de la sociedad.
