*Esos problemas obligaron a la federación a centralizarlos nuevamente
GABRIEL L. VILLALTA
(Primera Parte)
Eruviel Ávila Villegas recibió el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) el 16 de septiembre de 2011 con una deuda de 523 millones de pesos, y lo dejó el 15 de septiembre de 2017 con un pasivo de casi 9 mil 300 millones de pesos.
Le debía a contratistas, proveedores de medicamentos y material de curación, y por si fuera poco, de acuerdo con lo revelado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza en su primer informe anual de actividades, las nuevas autoridades del organismo encontraron un abasto de medicinas de apenas el 25 por ciento.
Además, una auditoría encontró pagos de nómina a personal distinto al de la atención directa a la salud y de apoyo. Quienes no asistían a laborar eran más de 6 mil, mientras que faltaban médicos y enfermeras y personal auxiliar a sus funciones sustantivas de atención a la salud de la población abierta.
En el mismo catálogo de irregularidades estuvieron los hospitales no concluidos a pesar de disponer de presupuesto, y los impuestos aplicados a los sueldos del personal del Instituto y no entregados a la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP), como era su obligación legal. El monto no entregado a la dependencia del gobierno federal superó los mil 200 millones de pesos, que perdonó Luís Videgaray, cercano y hombre de todas las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto.
Este catálogo de irregularidades, deficiencias, corrupción y desinterés de los funcionarios del sector por servir a la población, se encuentra en mayor o menor medida en los 32 sistemas estatales de salud, que desde 1996 administran los gobiernos estatales, lo cual obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a revertir la descentralización, para que la Secretaría de Salud y el programa IMSS-Bienestar se encarguen de la atención de la salud a la población abierta; es decir, a más del 50 por ciento de la población nacional..
Un diagnóstico preliminar de la Secretaría de Salud detectó corrupción e ineficacia en el ejercicio de los fondos federales entregados a los gobiernos de los estados, cuyos gobernadores y gobernadoras son las máximas autoridades de salud en sus respectivas entidades federativas.
La reforma a la Ley General de Salud de febrero de 1984, impulsada por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado incorporó a la medicina privada al Sistema Nacional de Salud, y se profundizó en 1996, con el convenio de descentralización promovido por el mandatario Ernesto Zedillo, el cual dejó en manos de las autoridades estatales el manejo de los sistemas de salud estatales, operados con fondos federales, pero manejados con ineficacia y corrupción por las autoridades estatales. (Continuará)
