ES CRIMINAL LA CORRUPCIÓN
EN LOS SERVICIOS DE SALUD
SE ROBARON DINERO DEDICADO ATENDER
LA SALUD DE LA POBLACIÓN MÁS HUMILDE
En este espacio de reflexión de “El Espectador” informamos y analizamos una información proporcionada a diputados locales por el entonces secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, relacionada con el fin del programa de salud denominado “Seguro Popular”.
No se trató de una simple declaración de un alto funcionario público, sino nada menos de quien fue la cabeza a escala nacional de dicho programa, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, de alguien conocedor a fondo de ese plan de acción en materia de atención a la salud de la población abierta: aquella que no cuenta con protección del sistema de seguridad social.
Hacía no mucho que la federación había decidido terminar con el Seguro Popular, operado por los gobiernos estatales, con fondos federales. La justificación de esa medida es que no era “seguro”, ni mucho menos “popular” y, en la práctica, funcionaba como un mecanismo para el saqueo de dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos.
El secretario de Salud del gobernador Alfredo del Mazo Maza, después renunciado, dio con su declaración la total razón al fin del Seguro Popular que él mismo dirigió, precisamente en momentos cuando estaba en su apogeo la campaña mediática de la oposición contra la supresión de ese plan, presentando la decisión como una muestra de la falta de sensibilidad social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que los fines superiores del Seguro Popular fueron distorsionados por las autoridades de las entidades federativas, comenzando por los propios mandatarios y mandatarias estatales, quienes desviaron los fondos federales hacía fines distintos a la atención de la salud de los mexicanos más pobres.
No habló de corrupción, pero al revelar la apropiación de los fondos federales por parte de los gobiernos estatales, aludió a la comisión de un delito, porque en los códigos penales la desviación de recursos públicos lo es, independientemente de otras conductas punibles que pudieran agregarse.
A más de tres años de esa medida, el diagnóstico de cómo estaba la atención de la salud por parte de los organismos estatales de la materia comprueba sus condiciones desastrosas, lo cual desnudó con mayor crudeza la pandemia de Covid-19: la corrupción a gran escala fue la constante, y el mejor ejemplo era el Instituto de Salud del Estado de México en los tiempos en que gobernaba Eruviel Ávila Villegas, ahora senador de lista y residente de una lujosa colonia en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, después de abandonar Ecatepec.
La corrupción alcanzó niveles de escándalo, y si en todas partes es condenable, cuando perjudica la salud de los más pobres alcanza grado de criminal, potencialmente letal y sin castigo. Reina la impunidad en materia de salud.
