*Ante AMLO denunciaron el caso y un diputado confirmó el problema.
De la redacción
En una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaron la existencia de una mafia integrada por funcionarios públicos, jueces, particulares y notarios, dedicada a despojar a familias de sus propiedades inmuebles, la cual utiliza también la violencia para intimidar.
Este grupo criminal opera en los municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de México, y entre los notarios coludidos citaron a uno de apellido Neme, pero no se había vuelto a hablar del caso, el cual tampoco tuvo seguimiento en los medios informativos locales.
Ahora un diputado local, miembro de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia del Poder Legislativo, revivió el tema, al presentar un ejemplo del modus operandi de esta mafia, e incluso una de las víctimas presentó ya denuncia penal contra los ejecutores del Poder Judicial Gabriel Magaña Flores, Ignacio Rueda García y el juez David Velázquez Vargas.
De la Cruz Pérez demandó del nuevo fiscal general de Justicia del Estado de México una investigación a fondo de los funcionarios públicos integrantes del grupo criminal, y recordó que existe el compromiso de combatir la corrupción, comenzando por aquella existente en la propia institución que encabeza.
En forma específica solicitó se investigue a jueces y ejecutores de los juzgados, quienes se prestan a la maniobras delictivas para despojar a familias de sus viviendas, mediante juicios simulados, por deudas igualmente inventadas.
Narró cómo a la doctora Elvira García Escobar le iniciaron un fraudulento juicio ejecutivo mercantil en el juzgado primero de la materia, con sede en Ecatepec, de lo cual se enteró cuando su propiedad ya estaba en fase de adjudicación por un supuesto adeudo de 2.8 millones de pesos.
En el juicio, el tribunal dio por bueno un pagaré, cuya firma no es la de la afectada, pero aun así su inmueble, ubicado en la Ciudad de México y que consta de locales comerciales, fue adjudicado a Alma Katia Olguín Medina, quien adquirió los derechos sobre el bien, derivados del juicio fraudulento.
García Escobar denunció el juicio inventado, que incluyó diligencias y otras pruebas, sin que ella se diera por enterada, y lo investigó la Contraloría del Poder Judicial mexiquense, la cual detectó el juicio fraudulento que involucraba también al juzgado tercer civil de primera instancia de Tlalnepantla.
El presunto prestamista, de nombre José Martín García Vázquez, no existe, porque la credencial de elector no está registrada en el INE. De todos modos la mafia de funcionarios y particulares lo hizo ganar el juicio ejecutivo mercantil. Después vendió los derechos del juicio a Juan Hernández Hernández.
