*Medios locales han documentado la situación desde hace años.
De la Redacción
Sólo porque se trató de un informe de una consultora extranjera se ha dado mucho vuelo a la información de “The World Justicie Prospect” (WJP) sobre el débil estado de derecho que padece la población del Estado de México. Medio locales han documentado la misma situación, sin que las autoridades se hayan preocupado mayormente.
Por ejemplo, de las más de 360 mil denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público, y que se convirtieron en carpetas de investigación, al final se dictaron sólo 7 mil sentencias, y no todas fueron condenatorias, lo cual representa el alrededor del 2.0 por ciento del total de agravios denunciados por los mexiquenses.
La fragilidad, casi inexistencia del Estado de Derecho en suelo estatal es mucho más grave que esos resultados, porque esas más de 360 mil carpetas de investigación representaron el año pasado apenas el 5.0 por ciento de los delitos cometidos; es decir, la impunidad es casi total, en agravio de las víctimas mexiquenses.
Otros dos datos graves y preocupantes ejemplos de falta de Estado de Derecho lo constituyen la estadística de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México: recibió más de 10 mil quejas, pero sólo emitió una decena de recomendaciones el año pasado; mientras que de más de 4 mil denuncias contra funcionarios públicos por actos de corrupción, la fiscalía especializada en el combate a ese delito sólo consiguió 36 sentencias condenatorias.
El informe de WJP contiene información real, pero ya conocida en el Estado, como esa de que la entidad se encuentra e los últimos lugares en el tema de vigencia de las leyes, pero sus datos causaron escozor en las autoridades locales por esa propensión de los gobernantes a someterse a organismos internacionales. De una u otra forma, ahora hasta en el extranjero es conocida la grave situación en que han vivido los mexiquenses los últimos tiempos.
