*Fuerzas del orden encapsularon a informadores y activistas, lesionando a varios.
De la Redacción
Decenas de periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, con apoyo de defensores de los derechos humanos, efectuaron una manifestación y un mitin frente a Palacio de Gobierno, en Toluca, para exigirle al gobernador Alfredo del Mazo Maza castigo para quienes agredieron el jueves a reporteras y dos reporteros, uno de los cuales resultó con fractura en un pie y tendrá incapacitado unas semanas. El ataque ocurrió la mañana del jueves 19 de este mes, frente a la catedral de Toluca, cuando un de grupo de activistas pro derechos de grupos de la comunidad LGBTQ+ manifestó en momentos en que monseñor Raúl Gómez González tomaba posesión como titular de la Arquidiócesis, en lugar de Francisco Javier Chavolla Ramos.
Resultaron golpeados cuatro reporteras, por policías estatales y municipales, por lo que periodistas exigieron una investigación a fondo, que se les castigue e incluya a los uniformados agresores y a sus mandos, pero también que se capacite a las fuerzas de seguridad para que respeten los derechos humanos y se garantice el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión.
La periodista Violeta Huerta dio lectura al manifiesto firmado por informadores y fotógrafos y camarógrafos profesionales, con las exigencias mencionadas. En la lectura se alternó con la periodista Teresa Montaño. Presentaron una larga relación de agravios de policías a periodistas desde 2016, la cual abarcó los homicidios de Niveth Condés y Enrique García, así como el secuestro, robo, allanamiento de la casa y amenazas de muerte contra la propia Montaño, entre muchos otros incidentes de atentados contra informadores mexiquenses. Ataques que permanecen impunes.
El escrito fue entregado al Poder Ejecutivo, quien una muestra clara de desdén a las legítimas demandas del gremio, envió sólo a una funcionaria menor para atender a los manifestantes afuera de la sede del Poder Ejecutivo y valla de por medio, pues no se permitió el ingreso a Palacio de una comisión; es decir, se les negó el derecho de audiencia en un edificio público.
