De la Redacción
La apertura de la inversión privada, nacional y extranjera en la distribución y venta de gasolinas y diésel al consumidor fue presentada, en su momento, por el gobierno de Enrique Peña Nieto como la solución al encarecimiento de los productos, como una garantía de abasto y como un mecanismo para beneficiar a los consumidores y la economía de las familias mexicanas. También se habló de un incentivo para atraer grandes inversiones y generar empleos. En la práctica ocurrió todo lo contrario. La supuesta competencia que abarataría los combustibles no se ve, las grandes inversiones jamás llegaron y las familias vieron incrementarse el precio de los combustibles, y con ellos todo lo demás.
Las firmas o gasolinerías, para que se entienda, que venden más caro son tres extranjeras, según informa cada semana la Profeco, en el espacio que cada lunes dedica el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del tema de energéticos, canasta básica y otros en el país.
Los márgenes de ganancias de las empresas extranjeras superan los 3.0 pesos por litro, lo cual es un robo en despoblado, pues ya es buena utilidad 50 centavos por litro, se trata de abusos casi criminales, aprovechando que no hay control de precios en el mercado de los combustibles. Algo semejante a lo que quieren hacer con el mercado de la energía eléctrica.
Petróleos Mexicanos, por su parte, informó que la importación de estos combustibles por los particulares disminuyó en los últimos meses, por el encarecimiento de los mismos en Estados Unidos. Mejor le compran a la empresa pública y revenden aumentando sus márgenes de ganancia a los particulares. Se trata de un sistema perverso de saqueo a los bolsillos de los mexicanos, presentado como un plan pensado en mejorar las opciones del pueblo.
