*Construyeron terminales de combustibles sin autorización.
De la redacción
Las empresas petroleras extranjeras se acostumbraron a actuar sin apego a las leyes mexicanas y con prepotencia y soberbia, de acuerdo con lo revelado por el gobierno federal.
Con la reforma energética se abrió el mercado de combustibles al menudeo a empresas particulares nacionales y extranjeras, lo que antes estaba prohibido. Y en ese escenario se dejó abierta la posibilidad de que importara gasolinas al margen de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
La introducción de gasolinas, especialmente de los Estados Unidos, exige a las empresas dueñas de expendios contar con terminales, y tuvieron que construirlas en diversas partes.
No obstante, varias de las compañías extranjeras y del país ignoraron a las autoridades y a las leyes y edificaron sin tramitar y obtener los permisos correspondientes, como debe hacerlo todo mundo.
Violaron las leyes y procedieron con prepotencia y atropello al estado de derecho, por lo que fueron sancionadas con la clausura de las terminales de combustibles y demandadas penalmente, por violar también leyes ambientales.
No se difundieron ampliamente estas acciones, pero en la reunión del enviado del gobierno estadounidense para el cambio climático, John Kerry, el tema fue examinado y se anunciaron medidas.
Además, las autoridades mexicanas detectaron que las empresas introducían al país gasolinas de contrabando y compraban para comercializar también combustibles robados; es decir, producto del “huachicol”.
El gobierno federal aceptó levantar las clausuras y retirar las denuncias penales, como prueba de buena voluntad, con el compromiso de que no volvieran a infringir las leyes mexicanas.
De reincidir, se retomaran las denuncias penales y se clausurarán las empresa que violen las leyes, especialmente las ambientales, se les dio a conocer a la delegación estadounidense que se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de las terminales clandestinas, la opción será que las vendan al propio gobierno, previo avalúo, porque fueron construidas con absoluto desprecio a las leyes e instituciones mexicanas.
