URGE FISCALIZAR DESEMPEÑO
DE INSTITUCIONES ESTATALES
ALTA IMPUNIDAD TAMBIÉN EN VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD
Ante la indiferencia de los partidos políticos, los representantes populares, la academia, agrupaciones profesionales de abogados, organizaciones civiles y de los medios informativos, el Estado de México padece deficiencias e ineficacia en las áreas de procuración y administración de justicia, y en la defensa de los derechos humanos. El mal desempeño es la constante en las instituciones, pero no en todas hay evidencia claras de sus fallas, como en las mencionadas.
En “El Espectador” se ha informado y reflexionado sobre estos problemas, pero en el caso de los agravios a los derechos humanos, con excepción de muy pocas de las numerosas organizaciones que se dicen sus defensoras, no hay exigencia organizada para que se resuelvan los problemas.
Se ignoran, minimizan o soslayan problemas graves, como los altos niveles de inseguridad pública, elevados índices de delitos y la impunidad. Ni los partidos, ni los representantes populares de oposición se irritan porque se denuncie sólo el 5 por ciento de los delitos cometidos ni porque de los más de 360 mil denunciados y convertidos en carpetas de investigación al final sólo se castigue el dos por ciento.
Ocurre lo mismo con la lucha contra la corrupción: a más de cuatro años de creado el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, no está en prisión por corrupto ni un solo alto funcionario público estatal, municipal, de organismos autónomos y auxiliares. Las instituciones encargadas de combatirlo son una nulidad.
Datos oficiales de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) así lo indican: En 12 meses su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió más de 4 mil carpetas de investigación por presuntos actos deshonestos de servidores públicos, pero apenas consiguió que los jueces penales dictaran 36 sentencias condenatorias, como se informó en este medio informativo.
No se castigó ni al uno por ciento de los denunciados como corruptos, prueba de la existencia del grave problema de casos de corrupción y de la falta de castigo, como si en realidad la lucha contra ese vicio fuera simulada, sólo para cumplir con la obligación legal de combatirlo, casi como “para no dejar”.
Ante el desinterés de erradicar de verdad la corrupción y, peor aún, el encubrimiento y protección de los corruptos y la indiferencia de los partidos políticos, comenzando por los de oposición y sus diputados, de las instituciones, de los colegios de profesionales del derecho, es urgente que la sociedad se organice y exija a las autoridades que cumplan con sus obligaciones de proporcionar seguridad a los gobernados y a sus bienes.
Resulta igualmente indispensable que se presione para que los delincuentes estén en las cárceles y los funcionarios corruptos no sólo sean destituidos y encarcelados, sino también se les confisquen sus bienes, pues la impunidad es el principal factor de la repetición de actos de corrupción. No debe continuar la indiferencia ciudadana frente a los problemas de inseguridad, corrupción, delitos, ineficacia e impunidad.
