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Suprimieron Tope a Monto de Bonos a Funcionarios Públicos en la Entidad; Reina la Discrecionalidad

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*La condición es que haya dinero, y que un inferior no reciba más que su superior.

De la redacción

Los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, ayuntamientos, organismos autónomos y auxiliares de la entidad mexiquense pueden recibir bonos y otras prestaciones, como premios y reconocimientos, sin un monto máximo legal.

Sólo tienen dos limitaciones o condiciones: que existan los fondos públicos para recibir el dinero y que la suma no sea superior a lo que reciba su inmediato superior, pero con un peso menos ya cumplen con la ley.

En 2018 la Legislatura Local modificó el artículo 289 del Código Financiero del Estado de México, que fijaba un tope máximo a los bonos, independientemente del nivel jerárquico de los funcionarios público, informó Victorino Barrios Dávalos, titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Al año siguiente de estos cambios legales el Poder Ejecutivo Federal modificó la legislación que norma los ingresos de sus servidores públicos y aplicó la política de austeridad republicana, mientras en la entidad mexiquense ese año quedaron suprimidos los topes máximos.

El servidor público universitario, designado para el OIC por el Poder Legislativo, recordó que anteriormente el citado artículo del Código Financiero estatal un funcionario no podía recibir como bono, premio o reconocimiento más del 10 por ciento de sus sueldos.

Ese porcentaje fue suprimido, y ahora no hay límite a la suma que puede entregarse, lo cual legalizó la discrecionalidad y las condiciones establecidas pueden fácilmente superarse, porque basta con que en los presupuestos de egresos del gobierno estatal se designen partidas destinadas a este fin para que los bonos sean estratosféricos.

La otra condición es igualmente superable, porque un funcionario inferior puede recibir como bono un monto un peso inferior al que reciba su superior, para cumplir con la ley, porque el 10 por ciento del monto mensual de su salario como suma máxima fue derogado en 2018.

Ahora, “en lugar de ese porcentaje del salario, un funcionario público puede recibir como bono hasta el equivalente a tres o más veces lo que gana al mes, sin que se viole la legislación, en una situación que va a contracorriente de la austeridad republicana y el ahorro en gasto corriente”, explicó Barrios Dávalos.

Esta situación, según se conoce, ha ocasionado que funcionarios medios, pero consentidos de los poderosos, con sueldo mensual de 30 mil pesos han recibido por aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y bono de fin de año por un millón de peso, porque el monto se presupuesta y se cuenta con fondos, y con que su superior reciba un millón 10 pesos, es legal la prestación, aunque sea inmoral y afecte las finanzas.

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