*Las mineras no pueden cumplir su amenaza de llevarse el negocio a otras partes.
De la redacción
El chantaje de las compañías mineras extranjeras a las autoridades mexicanas, consistente en la amenaza de retirar sus inversiones del país tiene bases falsas, imposibles de cumplir, explicó el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Conocedor del tema como pocos, por su condición de dirigente de trabajadores mineros, el legislador expuso la situación, y aclaró que en materia minera es imposible levarse el negocio a otra parte.
En el pasado este chantaje funcionó, porque las autoridades lo permitieron, cuando es claro que el negocio lo constituyen los minerales concesionados y no es posible llevarse los yacimientos a otros países. Recordó que los privilegios para las mineras y los abusos laborales comenzaron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La lucha le costó al senador un largo exilio durante el sexenio de Felipe Calderón, que lo cumplió en Canadá, de donde regresó hasta que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, como fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), lo postuló para senador y alcanzó el escaño senatorial.
En especial, Javier Lozano, cuando fue secretario del Trabajo, lo hostigó e inventó delitos, para que Gómez Urrutia terminara preso o abandonara el país y la lucha contra las mineras, extranjeras y nacionales, como las del Grupo México de Germán Larrea; sobre todo, después de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde un derrumbe sepultó a decenas de trabajadores.
El legislador recordó que antes, cuando se buscaba imponer normas a la actividad extractivas de las mineras, chantajeaban con que saldrían del país, lo cual evidentemente no es posible, porque sus capitales invertidos en esta rama de la economía tienen valor con los minerales concesionados por las autoridades, y esas reservas no pueden trasladarse a otras naciones.
En un texto del senador recordó que en 1992 el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal, Carlos Salinas de Gortari, con la Ley Minera, quitó el tope a la inversión extranjera en la materia, permitiendo que fuera del ciento por ciento.
Además, para mayor privilegio de las compañías, se eliminó el impuesto a la explotación minera, contrariamente a lo que debe pagar todo tipo de empresas que operan y desarrollan actividades económicas en México.
El mismo Carlos Salinas de Gortari amplió el período de vigencia de las concesiones mineras (hasta antes de los cambios legales en cuestión era de 25 años). Ese plazo se amplió ese 1992 hasta los 50. Y por si fuera poco, se estableció la posibilidad de que pudieran prorrogarse por otro período igual; es decir, con plazo original y ampliación podían llegar a un siglo; es decir, hasta el 2092.
Vicente Fox Quesada amplió los privilegios en 2005, al permitir la fusión de concesiones de exploración y explotación, cuyas concesiones podían ser de cien años, con muy pocos requisitos para autorizarse.
