*Supuestos analistas calificados ven normal mano de gobernadores en elecciones.
De la redacción
La imperfección y simulación de un régimen democrático mexicano distorsionó también el análisis político y arraigó esquemas interpretativos que parten de la convicción de que es normal la antidemocracia e injerencia ilegal de las autoridades estatales en los procesos electorales.
Lo estamos viendo en estos momentos en los análisis sobre los resultados de las elecciones de gobernadores, en los cuales incluso académicos presuntamente imparciales y altamente calificados, critican a gobernadores del PRI por no haber apoyado a los candidatos esos partidos, comentó Leoncio Mata Zárate, editorialista de “El Espectador”..
Sólo por esa distorsión del ejercicio de reflexión pueden entenderse las críticas a los gobernadores José Murat, de Oaxaca; y Omar Fayad, de Hidalgo, por, según esos analistas, no haber respaldado a sus correligionarios que buscaban relevarlos en sus cargos, por lo cual fueron arrollados por Morena en las urnas.
“Dan por sentado que es legal la participación de los gobernadores en favor de las campañas electorales de sus correligionarios en sus estados, así como el uso de recursos públicos en las tareas de busca del voto popular, lo cual coloca a los analistas en una posición cuestionable, producto de la distorsión de lo que debe ser el papel de los mandatarios”, recalcó Mata Zárate.
Si José Murat y Omar Fayad no intervinieron en las campañas electorales, ni desviaron fondos presupuestales para apoyar a sus correligionarios Alejandro Avilés Álvarez y Carolina Viggiano Austria, respectivamente, “debería reconocérsele su apego al estado de derecho, no criticarlos”, como está ocurriendo, abundó el articulista de “El Espectador”. “Deben reprobarse a los gobernadores que intervinieron ilegalmente en los procesos electorales”, recalcó.
“Los mandatarios/mandatarias estatales tienen la obligación de atender y resolver los problemas sociales de sus gobernados, y entre sus responsabilidades no está hacer ganar a los candidatos/candidatas de su partido, con su injerencia en campañas, ni destinar dinero público para ese fin o, mucho menos, perpetrar fraudes, como insinúan los analistas que debieron hacerlo en Oaxaca e Hidalgo”, criticó el entrevistado, experto en estos temas.
Los comentaristas, especialmente los de televisión y radio, proceden como si no supieran que destinar dinero público, al margen del que entregan las autoridades electorales a los partidos, es delito y ahora con las reforma constitucional en la materia, es un ilícito grave, que merece prisión oficiosa, “pero lo soslayan quienes critican a José Murat y Omar Fayad”, concluyó el experto.
