*Entre esas agresiones figuran dos ejecuciones, y todas siguen impunes.
De la redacción
Más de cien periodistas mexiquenses siguen esperando respuesta del gobernador Alfredo del Mazo Maza, del fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes, del Poder Legislativo, de la Secretaría de Seguridad, de la Comisión de los Derechos Humanos y del Mecanismo de Protección de Periodistas a su reclamo de justicia ante las numerosas agresiones sufridas por periodistas en el Estado.
Todavía no les han proporcionado información sobre la más reciente represión a reporteras y reporteros cuando cubrían una manifestación el 19 de mayo, frente a la Catedral de Toluca, capital mexiquense, en el monto en que asumía la arquidiócesis monseñor Raúl Gómez González.
Uno de los reporteros, Abraham Sierra, incluso sufrió fracturas a causa del operativo policíaco, por ello y a través de un escrito, las y los periodistas también exigieron que las autoridades se hagan cargo del costo de su atención médica y una indemnización por el tiempo que estuvo incapacitado.
Dicho documento, antes de ser entregado a un área del Ejecutivo para que se canalizara al gobernador Alfredo del Mazo Maza, fue leído frente a Palacio de Gobierno por dos de las periodistas más prestigiadas y de más alta credibilidad en el Estado: Violeta Huerta y Teresa Montaño, y contiene una extensa relación de agravios a periodistas.
Se trata de 19 agresiones, las cuales siguen impunes. Lo más grave son las muertes violentas intencionales de Nevith Condés y Enrique García.
Los periodistas asentaron en su texto que en el Estado de México existe un clima de violencia innegable contra los periodistas, especialmente por policías estatales y municipales, quienes de manera sistemática obstaculizan el ejercicio de la actividad periodística.
Con ello reprimen la libertad de expresión y atentan contra las condiciones necesarias para el libre ejercicio del periodismo, según leyeron Huerta y Montaño.
Más de cien periodistas mexiquenses reprochan al gobierno estatal que no aplique la ley y mantenga la impunidad de los agresores de informadores profesionales, lo cual evidencia que de nada sirven el discurso oficial de respeto y apoyo a la libertad de expresión ni los reconocimientos personales que se hacen a integrantes del periodismo local, en lo individual.
Al cierre de esta edición de “El Espectador” el gobernador del Mazo Maza no había informado a los firmantes del escrito sobre los avances de las investigaciones de las 19 agresiones, ni siquiera de la más reciente, ocurrida en el corazón de la capital mexiquense, muy cerca de las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y junto al Palacio Municipal de Toluca.
