*El reportero Alam Chávez tiene dos denuncias y no hay respuesta.
De la redacción
En febrero de 2021, en una sesión pública de cabildo, el entonces alcalde de Zinacantepec llamó “corrupto”, “vividor” y “extorsionador” al reportero Alam Chávez, por lo cual el afectado presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Contó con el apoyo moral de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca (APVT); sobre todo, porque el ese tiempo gobernante municipal no ofreció ni siquiera una sola prueba de intento de extorsión.
Su acusación pública afectó la imagen del informador, porque lo presentó como periodista delincuente; sobre todo, porque el edil hizo consideraciones sobre la vida personal y los gustos de Chávez.
El mismo reportero presentó otra denuncia penal ante la FGJEM por un intento de secuestro, agresión física y robo que sufrió el 15 de mayo de este año al salir de las instalaciones de la feria de Metepec.
Alam Chávez culpó pública y directamente en esta ocasión al operador político del alcalde de esa municipalidad, Fernando Flores Fernández. Se ignora si ya en su denuncia penal ante el ministerio público asentó lo mismo, pero lo cierto es que fue su segunda acusación penal contra autoridades municipales en sólo 15 meses.
A la fecha se desconocen los resultados de las investigaciones de ambos presuntos delitos, si es que se iniciaron y no duermen el sueño de los justos en los cajones de algún agente del ministerio público.
En todo caso, estos son ejemplos de la desatención a los agravios cometidos contra periodistas mexiquenses y que, en muchos casos, corren por cuenta de servidores públicos, especialmente de miembros de los cuerpos policiacos.
El presidente de la APVT, Sergio Villafuerte, en un discurso dirigido durante la ceremonia de entrega de la medalla “Manuel Buendía” a lo más destacado del periodismo local en los últimos 12 meses, ubicó a los elementos de seguridad pública municipales y estatales como la primera línea de represión a periodistas y al ejercicio de la libertad de expresión en el Estado de México, lo cual explicaría la impunidad de los casos de agresiones padecidas por los informadores profesionales.
