*Firmaron contratos para entregar bonos en lugar de aumento al minisalario.
De la redacción
Empresas maquiladoras del norte del país están obligadas a pagar, como bono, en promedio, 32 mil 500 mil pesos anuales a sus trabajadores, de salario mínimo, por obligación contractual, informó la diputada federal Susana Prieto.
Una maniobra para evitar pagos de cuotas patronales reales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consistente en la inclusión cláusulas en los contratos colectivos de trabajo firmados, les permitieron eludir el pago de los aumentos a la paga mínima legal.
Las empresas, en colaboración con los dirigentes sindicales, sustituyeron su obligación de aplicar los incrementos salariales con la entrega de un bono anual equivalente al aumento diario al salario mínimo.
Durante décadas las mejoras al minisalario representaron dos pesos diarios, por lo cual y de acuerdo con los compromisos contractuales, en diciembre les daban un bono de 730 pesos. En realidad es que les “jineteaban” también el magro aumento.
En una entrevista para un programa de la radiodifusora de la UNAM, una legisladora, quien se hizo famosa a nivel nacional por haber sido encarcelada en Tamaulipas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, tras defender a trabajadores, destacó que por décadas esa maniobra ilegal de las maquiladoras, consentida por los dirigentes sindicales, benefició a las compañías, extranjeras casi todas.
No obstante, ahora con los aumentos importantes a los salarios mínimos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (elevó su monto de poco más de 80 pesos diarios hasta los 172 pesos), la medida ha representado un desmesurado aumento al monto del bono.
De los menos de 800 pesos al año, rebasó los 32 mil, lo cual se niegan a cubrir, pero no podrán evadir las maquiladoras, pues se trata de un compromiso de jerarquía contractual; además, los trabajadores ya no quieren el bono, sino los incrementos directos al salario, como es lo legal.
Susana Prieto recordó que García Cabeza de Vaca, quien gobierna como virrey y no reconoce la división de poderes, ordenó su encarcelamiento con cargos falsos, e incluso los testigos en su contra fuero funcionarios laborales. Fue liberada, pero en forma ilegal le prohibieron que se parara por los tribunales laborales o siquiera vivir en Tamaulipas, lo cual viola sus derechos constitucionales.
En entrevista, anunció que propondrá iniciativas de reformas a la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, para que la semana laboral sea de 40 horas, no de 48, lo que sería beneficioso para la productividad de las empresas y para los trabajadores, pues está probado científicamente que jornadas prolongadas reducen el rendimiento, en tanto una menor carga de esfuerzos eleva la producción y la productividad.
