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El_Espectador_26_Agosto_2013_N414
EL ESPECTADOR
Portada
POR DEBILIDAD INSTITUCIONAL
COMUNAS NO APLICAN LEYES
A casi 30 años de la reforma municipal impulsada por el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado para darles fortaleza, los ayuntamientos padecen debilidad institucional para aplicar la norma. No pueden someter a quienes la violan.
La combinación de una vieja tradición social de desapego a la ley en cada caso, la corrupción de las autoridades y la falta de poder de los ayuntamientos para ejecutar medidas extremas para hacerla valer, ocasionan una especie de ingobernabilidad, no percibida con claridad, pero real, de acuerdo con información de áreas de gobierno de varias demarcaciones de los valles de México y Toluca.
Al respecto, Julián Salazar Medina, ex director de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración de la UAEM y ex presidente del Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas del Estado, coincidió en esa apreciación, y le atribuyó gran peso en esta realidad a la corrupción, traducida en extorsiones, tráfico de influencia e inhibición de las autoridades para aplicar las leyes y reglamento por razones políticas.
“Tenemos buenas leyes, pero las autoridades encargadas de aplicarlas no tienen decisión política o fortaleza para hacerlo. Hay debilidad institucional y corrupción”, insistió…
IMPUNIDAD ABSOLUTA A TRATANTES
DE PERSONAS EN 25 ESTADOS DEL PAÍS
El delito de trata de personas, uno de los más graves y muy extendido en México, registra un alto índice de impunidad. La falta de castigo a quienes lo perpetran llega al ciento por ciento en gran parte del territorio nacional, pues en 25 entidades federativas no se ha dictado una sola sentencia condenatoria por este ilícito, el más agraviante para las víctimas después del homicidio, denunció la luchadora social Rosi Orozco.
La ex legisladora federal y ex presidenta de la Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas de la anterior Legislatura Federal, destacó que sólo en seis estados y el Distrito Federal se ha castigado a quienes cometieron el delito de trata de personas.
“No hay una entidad en donde no se cometa este delito, pero la impunidad llega al ciento por ciento en 25 de ellas”, reiteró en una breve entrevista con “El Espectador”.
Con siete años dedicados a combatir la trata de personas, Orozco reconoció avances en la lucha contra la delincuencia de esta naturaleza, pero, subrayó, “falta mucho por avanzar, pues las sentencias condenatorias por este ilícitos son pocas y no se ha castigado en 25 estados de la República”…
Editorial
LOS PROBLEMAS MUNICIPALES NO
PERCIBIDOS EN SU DIMENSIÓN
Existen pocos municipios en el país y el Estado con gobiernos capaces de cumplir cabalmente con sus responsabilidades de proporcionar servicios públicos de calidad y al mismo tiempo impulsar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de los gobernados, como fueron los objetivos de la reforma municipal de los primeros años de la década de los ochenta del siglo pasado.
No es necesario ser un experto municipalista para entender esta realidad. Basta con reflexionar sobre las calles y vialidades urbanas deterioradas, con grandes baches sin reparar en todas las ciudades mexiquenses, los malos servicios públicos y el escaso impacto real de las políticas públicas de empleo entre la población.
Hay otros problemas, igualmente graves, no percibidos por la sociedad en su justa dimensión, pero igualmente nocivos, como los reconocidos por funcionarios de algunos municipios en una encuesta de este semanario y confirmados por el especialista en municipalismo y académico de la UAEM, Julián Salazar medida: la debilidad institucional en este orden de gobierno para aplicar la ley, además del viejo vicio de la corrupción.
Para el académico la corrupción contribuye demasiado a la debilidad institucional de los ayuntamientos, porque mediante dinero ilícito los funcionarios permiten la violación de la ley y le procuran impunidad a los culpables, en detrimento de la norma. En el mismo sentido operan las decisiones fundadas en motivos políticos…
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
URGE DAR A CONOCER DÓNDE Y EN QUÉ MEDIDA PODRÁN
PARTICIPAR PARTICULARES EN LA INDUSTRIA PETROLERA
(Segunda parte)
La reforma energética presidencial, con cambios a la Constitución, será aprobada inevitablemente, y al margen de los mexicanos; es decir, estén de acuerdo o la rechacen. Salvo movilizaciones gigantescas en todo el país, de tal magnitud que pudieran poner en riesgo la estabilidad política y la gobernabilidad, no se ve cómo podrían evitarla sus opositores.
El PAN está a favor, a pesar de criticarla por limitada en su orientación privatizadora. Y este partido, con el PRI y los aliados de éste, no sólo reúnen mayoría calificada en el Congreso de la Unión, sino también en las legislaturas locales, las cuales como parte del Congreso Constituyente deben aprobar por mayoría; es decir, más de la mitad de los estados, todo cambio a la Máxima Norma del país.
Ante esta perspectiva, lo importante ahora es que el gobierno de la República de a conocer con precisión qué podrá licitar para que invierta la iniciativa privada nacional y extranjera y qué no, pues los cambios constitucionales sólo autorizarán esa participación particular, mediante contratos de utilidad compartida, pero no las circunstancias específicas en cada caso en que se podrá dar esa sociedad Estado-IP.
No se trata de un simple matiz, sino de una definición de importancia estratégica, porque no será lo mismo un contrato de utilidad compartida para explotar y explotar petróleo en aguas someras, donde Pemex puede hacerlo por sí mismo, que una asociación para hacer lo propio en aguas muy profundas. Tampoco los riesgos de perder el capital son equivalentes en este ejemplo.
De acuerdo con la opinión de los expertos en el tema, Pemex tiene fuera de servicio a centenares de pozos, inclusive en tierra, porque al dejar de operar los precios del crudo eran muy bajos y también la tecnología disponible no permitía aprovechar el combustible ubicado a mayor profundidad, pero la situación cambió.
Con los altos precios del hidrocarburo y los avances tecnológicos susceptibles de aplicación en ellos, estos pozos pueden ser ahora altamente rentables y no se requiere de gran inversión para ponerlos a funcionar, por lo que sería insensato firmar contratos de utilidad compartida para reanudar la explotación.
Si en la legislación secundaria se dejara absoluta libertad al gobierno para firmar contratos de utilidad compartida en donde quiera y no donde convenga al país, sería muy grave y riesgoso para el patrimonio nacional, porque sencillamente podría entregarse a los poderosos intereses económicos domésticos y foráneos la riqueza petrolera, incluyendo la que se puede aprovechar sin necesidad de socios, ni de repartir ganancias.
No debemos olvidar que la inevitable reforma constitucional abrirá la industria petrolera a particulares, asociados con el gobierno, pero los contratos de utilidad compartida no serán obligatorios; es decir, ningún poder económico podrá reclamar participación en todos los proyectos de exploración, explotación, transporte, almacenamiento y refinación del crudo.
Empero estos aspectos no se conocen. No sabemos si el petróleo de aguas someras y en tierra, aun sin necesidad de inversión, ni de tecnología ajena, será compartido con empresas nacionales y extranjeras. Urge que los mexicanos conozcan estas cuestiones, porque si no hay precisión y se acota la facultad de firmar contratos de utilidad compartida, siempre existirá el riesgo de que un gobierno corrupto y entreguista comparta la renta petrolera de todos los pozos que se perforen y exploten en el futuro.
Interiores
Participaron en foros de UAEM 7 mil 724 de los miembros de su comunidad Pg. 2
Muy por debajo de lo que se esperaba fue desempeño de la economía del país Pg. 4
El PT podría tomar acciones radicales para defender petróleo Pg. 7
