De la Redacción
Con el arribo al poder de Gustavo Petro en Colombia, el primer presidente progresista y de izquierda de ese país sudamericano, las posibilidades de pacificar a ese país, tan castigado por la violencia política: guerrilla-terrible represión. El Ejército Nacional de Liberación (ELN) anunció su disposición a negociar un arreglo para dejar las armas e incorporarse a la lucha civil, dentro del marco legal.
De la misma forma, cesarán las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por grupos paramilitares patrocinados por el saliente gobierno contra ex guerrilleros que se acogieron al plan de pacificación entre las autoridades y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que lucho y pagó un alto costo en sangre, con las armas en las manos para establecer un sistema y régimen al servicio de todos los colombianos.
Sin embargo, no será fácil para Gustavo Petro transformar las estructuras gubernamentales de Colombia, porque a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la derecha y ultraderecha colombianas tienen grandes bases sociales, como lo demostró el cerrado resultado de la elección presidencial.
Petro triunfó claramente, pero por muy pocos puntos de ventaja sobre el empresario derechista Rodolfo Hernández (antes de la jornada se hablaba incluso de un empate técnico en las preferencias). Ello dibuja claramente la férrea oposición a la cual habrá de enfrentarse el nuevo presidente, y a la que deberá vencer para hacer un gobierno “para todos”, pero con prioridad para los pobres que, como es recurrente en toda Latinoamérica, son un alto porcentaje de la población en aquella nación.
Derecha y ultraderecha colombianas son más cerriles que las mexicanas y gozan de respaldo en amplios sectores de la sociedad debido a las añejas campañas de desprestigio en medios informativos, impulsadas por la oligarquia propietaria o financiadora de los mismos, y subordinada al capital norteamericano.
Tampoco puede menospreciarse la gran presión que enfrentará Petro por parte, precisamente, del gobierno y los empresarios de los Estados Unidos, país con el cual Colombia tiene acuerdos de cooperación militar, no solo en el contexto de su asociación a la OTAN, sino en amplias categorías de la estrategia de seguridad continental norteamericana.
