*Durante 12 años el Poder Legislativo careció de facultades para calificar cuentas públicas.
De la redacción
El Estado de México padeció la mayor corrupción en el sexenio de Eruviel Ávila Villegas, y lo mismo le ocurrió al municipio de Ecatepec cuando el exmandatario lo gobernó. Y Junto con Pablo Bedolla e Indalecio Ríos dañaron a Ecatepec con un gran saqueo de fondos públicos, aseveró el diputado local por un distrito de ese municipio, Faustino de la Cruz.
El legislador dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició un procedimiento administrativo a Indalecio Ríos Velázquez, porque no ha acreditado el destino de 1.5 millones de pesos de fondos provenientes del gobierno federal.
Y tiene otra exigencia para acreditar el uso que dio a otros 29 millones de pesos, recursos también de la federación; es decir, en sólo estos dos expedientes el exalcalde de Ecatepec debe responder por dinero público por una suma de 30.5 millones de pesos.
El representante popular demandó del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) investigar el manejo de los fondos estatales y municipales que ejerció el ex presidente municipal Indalecio Ríos Velázquez, quien como alcalde en 2018 fracasó cuando buscaba reelegirse, precisamente por el descontento de la población en su contra.
Faustino de la Cruz exigió que, de encontrársele culpable, se aplique todo el peso de la ley al ex gobernante de Ecatepec, por los perjuicios ocasionado a las finanzas del municipio y, adicionalmente por no haber acreditado hasta ahora el correcto destino de los fondos federales que aplicó o desvió.
LA RENUNCIA A SU FACULTAD CALIFICADORA
El Poder Legislativo mexiquense, a propuesta del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, modificó en 2007 la Constitución Política del Estado, para, inexplicablemente, renunciar a su segunda facultad más importante: la de calificar las cuentas públicas anuales de los gobernadores.
Así como Carlos Salinas de Gortari ordenó a sus diputados reformar la Constitución Federal para que la corrupción no fuera un delito grave y que los corruptos no mereciera prisión preventiva (ahora le dicen oficiosa), así, a escala, Peña Nieto ordenó cambiar la Máxima Norma estatal, para que el Poder Legislativo no pudiera calificar las cuentas públicas estatales.
Lo increíble fue que se aprobó la iniciativa y así las cuentas públicas del 2007 al 2011 del entonces mandatario mexiquense, no se calificaron por la Legislatura Local. Tampoco fueron calificadas las seis del gobernador Eruviel Ávila Villegas, porque el Poder Legislativo recuperó esa facultad constitucional hasta enero del 2019, y la reforma al artículo 61 constitucional no se pudo aplicar al último presupuesto ejercido en el último año de su sexenio.
Ávila Villlegas también modificó el Código Penal mexiquense en junio de 2017, para que los delitos de corrupción cometidos hasta esa fecha, ya no pudieran castigarse, y sólo pudieran concluirse las carpetas de investigación o judicializadas, con lo que, en la práctica, otorgó una amnistía a los corruptos de los tres poderes estatales, los gobiernos municipales, órganos autónomos y auxiliares estatales y municipales.
