*Las ventas de empresas de EPN a su gobierno no fueron ilegales, sí inmorales.
De la redacción
La tranquila y placentera condición de expresidente de Enrique Peña Nieto pudo haber llegado ya a su fin. La investigación abierta por la Fiscalía General de la República por presunta evasión o elusión fiscal por 26 millones de pesos, de un depósito bancario en efectivo irá más allá, según un análisis de “El Espectador”.
En algo parecido a lo ocurrido con Arturo Montiel Rojas, cuando era gobernador y fuerte aspirante a la candidatura presidencial del PRI, y que por un depósito de 36 millones de pesos en una cuenta bancaria de uno de sus hijos se armó un descomunal escándalo que lo hizo renunciar a sus aspiraciones presidenciales, así ahora las consecuencias serán mucho mayores a cuanto representa el monto citado.
A de la profusa difusión en los medios del caso Montiel, efectuada en el marco de la lucha por la postulación para presidente de la República priista que sostenía con Roberto Madrazo, el ahora ex mandatario mexiquense fue puesto como ejemplo de deshonestidad, porque otro caso documentado de corrupción no hubo.
La suma involucrada fue grande, pero sus efectos fueron desproporcionados, porque terminaron con la carrera política del priista más poderoso de México en esos momentos, vencedor inclusive de una competencia interna no oficial por la candidatura presidencial.
Así ocurrió con Peña Nieto, quien olvidó lo ocurrido a su mentor político e incurrió en el mismo error de manejar decenas de millones de pesos en efectivo. La detección de esa irregularidad condujo a investigar más fondo su caso y así se descubrió que tres empresas, dos de ellas familiares, vendieron bienes y servicios al gobierno por más de 10 mil 130 millones de pesos en su sexenio.
Las investigaciones esclarecerán si los procedimientos seguidos para la adjudicación de los contratos del gobierno federal a las empresas de las cuales el presidente Peña Nieto era socio se ajustaron a la normatividad, si las compras no se hicieron con sobreprecios y si las compañías tenían capacidad técnica, económica y financiera para cumplir con las condiciones de los contratos, en cuyo caso se trataría de operaciones legales
Lo que no puede ocultarse es el conflicto de interés, porque el gobierno que encabezaba el político de Atlacomulco le compraba al mismo mandatario en su condición de dueño de empresas proveedoras.
En forma sorpresiva, la casi totalidad de los medios informativos de circulación nacional difundieron que Peña Nieto era investigado por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita y “lavado de dinero”, cuando Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que presentó la denuncia, pero no precisó,-porque no le corresponde hacerlo que se tratara de alguno de los citados delitos.
De todos modos, el presunto delito de evasión o elusión fiscal parece evidente, aunque los fondos no sean de procedencia ilícita, puesto que la propia autoridad sostiene que las empresas del exgobernante del país obtuvieron ingresos por más de 10 mil 130 millones de pesos en seis años, por cual no tenía necesidad de incurrir en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita, según la lógica.
