FALLA DE CÁLCULO EN MANEJO
DE EFECTIVO ENREDÓ A PEÑA N.
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS PUDIERAN
SER LEGALES, NO LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda y Crédito público, Luis Videgaray Caso, dispuso que los bancos no paguen, ni reciban depósitos en cheques al portador por suma mayor a 5 mil pesos. Si el monto se pasa con un peso, ya no puede cobrarse, ni depositarse el documento.
Ante esta limitante fijada por las autoridades hacendarias en el sexenio pasado, las empresas y particulares si necesitan efectivo por cinco pesos más de los 5 mil tienen que expedir dos cheques al portador. También sólo pueden recibir depósitos en cheques al portador por sumas máximas de 5 mil pesos. En ambos casos deben utilizarse dos documentos, con el consiguiente pago doble de comisión.
La medida fue justificada con el argumento de que había que combatir el “lavado de dinero”, como si quienes introducen cientos y miles de millones de pesos sucios al circuito legal del dinero lo hicieran mediante el pago o depósitos de efectivo o en cheques al portador de diez mil pesos, cuando es imposible “lavar” mil millones de pesos de procedencia ilícita mediante cheques al portador, pero así está la norma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del anterior sexenio.
Esta larga explicación es necesaria para entender el grave e inexplicable error del expresidente Enrique Peña Neto, quien ahora tiene problemas fiscales y financieros por haber recibido dinero en efectivo por 26 millones de pesos, lo cual no está permitido, porque no sólo se considera que quien recibe grandes sumas en efectivo evade impuestos, sino que esos fondos pueden tener origen ilícito.
Si no puede cobrarse un cheque al portador por 5 mil un pesos, menos pueden depositarse millones de pesos en efectivo, como lo hizo el expresidente y exgobernador, por lo cual ahora está en problemas serios, pues la investigación de esos depósitos que suman los 26 millones de pesos en sus cuentas bancarias motivó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a indagar a fondo la situación de las empresas del exmandatario, quien hasta el 6 de julio pasado disfrutaba de una tranquila y placentera etapa de “ex”.
Ya anticipó que acreditará el origen lícito de su patrimonio, y seguramente lo logrará, pues el problema no es que sean de procedencia ilícita, sino de tráfico de influencia y conflicto de interés, pero también deberá demostrar que pagó todos los impuestos derivados de las ganancias que le dejaron las ventas a su gobierno federal de más de 10 mil 130 millones de pesos.
No fue ilegal, menos si se le perdonaron impuestos, porque tenía facultades constitucionales para ello, pero si fue el caso, sí fue inmoral. En todo caso, no podrá justificar sus contribuciones por sus depósitos en efectivo en sus cuentas; es decir, por 26 millones de pesos, más otras transferencias anormales por cerca de 190 millones de pesos. Se repite lo del origen de los problemas de Montiel.
