SEGMENTOS DE P. JUDICIAL, AL
SERVICIO DE CORPORACIONES
JUECES PROTEGEN INTERESES DEPREDADORES DE
AMBIENTALES: LOS CASOS MOSANTO E IBERDROLA
Los objetivos estratégicos de la cuarta transformación (4T) tienen en segmentos del Poder Judicial Federal un serio obstáculo, porque con mucha frecuencia jueces, magistrados y ministros protegen intereses que dañan la economía popular, al ambiente y ponen en riesgo el cumplimiento de compromisos contraídos por México en el marco de los esfuerzos mundiales por frenar y revertir el cambio climático.
En el mismo sentido militan estratos del mismo Poder, protectores de intereses dañinos a la economía popular y saqueadores de fondos públicos, como fue el caso de las suspensiones definitivas (fase de un juicio de amparo) contra la Ley de la Industria Eléctrica.
Jueces de amparo -especializados en materia de competencia económica- consideraron inconstitucional proteger los intereses populares y terminar el saqueo de fondos públicos por parte de compañías generadoras de energía eléctrica, quienes tenían permiso para producir fluido eléctrico para su consumo, pero en cambio la vendían en grandes volúmenes a centenares de grandes consumidores, en una competencia desleal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Por si esto fuera poco en contra de los intereses generales del país y su población, uno de esos jueces concedió la suspensión provisional contra la Ley de la Industria Eléctrica hasta a las compañías privadas del sector eléctrico que no se habían inconformado con esa legislación. De todos modos y por iniciativa propia resolvió que no debía aplicárseles esa Ley.
Al final la Suprema Corte de Justicia declaró la constitucionalidad de la legislación impugnada, con lo cual las actuaciones ilegales y antipopulares de los jueces de amparo especializados en esas ramas industriales y de competencia quedaron sin efecto, y la Ley se está aplicando.
Esas actuaciones, más el otorgamiento de la suspensión provisional otorgada a Iberdrola para que no se aplique la multa de más de 9 mil millones de pesos, por violar los términos del permiso E/205/AUT/2002, el cual le prohibía vender energía eléctrica a particulares, porque sólo podía generarla para el autoconsumo, han puesto de manifiesto los obstáculos que debe vencer el gobierno de la República para concretar sus objetivos estratégicos de proteger los intereses populares y cumplir con sus compromisos de contribuir a frenar y revertir el cambio climático.
Los jueces no pueden aducir ignorancia, sino que sus resoluciones reflejan una posición antipopular y al servicio de los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros, y eso deben tomar en cuenta las autoridades del país para neutralizar las acciones que boicotean los esfuerzos destinados a construir una mejor sociedad, porque en ese mismo sentido actuó un juez que amparó a Bayer-Monsanto para que siga utilizando el agroquímico cancerígeno glifosato y cultivar granos transgénicos que dañan la salud de los consumidores y dañan el medio ambiente.
