De la Redacción
La ultraderecha empresarial peruana y sus brazos electorales, los partidos políticos, cumplieron un año de ataques y campañas mediáticas contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien no han dejado trabajar. El mandatario dedica demasiado tiempo a defenderse ante tribunales adversarios y un congreso dominado por la derecha.
Durante su primer año en el cargo ha enfrentado dos procedimientos para deponerlo, y la oligarquía prepara un tercer intento, con la acusación de “vacancia por incapacidad moral permanente”; es decir, por corrupto, en una paradoja, porque sus adversarios son los corruptos comprobados. Lo burdo de la denuncia es que una empresaria opositora sostiene que presenció el momento cuando Castillo giró instrucciones para extorsionar a empresarios que obtengan contratos para obras públicas (algo así como lo que se dio a conocer en los audios de Alejandro Cárdenas en nuestro país).
El testimonio es absurdo, porque aun en el supuesto de que la instrucción hubiese ocurrido, el presidente peruano no la habría dado en presencia de una opositora, pues si es opositora, no es de su confianza, y no sería inteligente hacer sus negocios sucios frente a ella en su despacho o en su casa.
Las oligarquías son iguales en todas partes, pero en Perú tienen base social, son racistas, clasistas y sumisas al capital internacional al grado de que sus partidos tienen mayoría en el Congreso y si no han destituido al gobernante es porque no tienen mayoría calificada.
En México si los partidos opositores tuvieran mayoría calificada, ya hubieran intentado destituir al presidente López Obrador desde hace mucho.
