DUEÑOS DE GRANDES MEDIOS INFORMATIVOS VENDÍAN
HASTA SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL GOBIERNO
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La mayoría de los mexicanos desconoce las razones del cambio de posición de los grandes medios informativos frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Todos los días en los periódicos y en los noticieros de radio y televisión lo critican, difaman, calumnian y ocultan o minimizan sus logros, como no lo habían hecho desde que sus antecesores atacaban despiadadamente al presidente Francisco I. Madero hace más de un siglo.
Tampoco entiende la mayoría que la oposición, a la que tanto satanizaron, calumniaron y marginaron las páginas de sus medios impresos y de los noticieros electrónicos, ahora tiene presencia permanente para criticar y desaprobar todo lo que hace el Poder Ejecutivo Federal, algo impensable hace solo 4 años.
El miércoles el propio mandatario dio la clave para entender estos cambios de posición de lo que antes se conocía con el nombre genérico de “la prensa”. No fue sólo la cancelación del presupuesto de 10 mil millones de pesos al año, que la presidencia de Enrique Peña Nieto pagaba mediante facturas y otra suma igual sin factura, en efectivo, como lo informó la propia presidencia, además de apoyo en especie, que no eran otra cosa que el regalo de ranchos, mansiones, jets y yates decomisados a la delincuencia organizada, sino otros ingresos mayores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que además del pago de publicidad, ahora reducido a su mínima expresión (se redujo casi 80 por ciento), los propietarios de los diarios impresos, cadenas nacionales de radio y televisión se convirtieron en proveedores del gobierno, mediante el tráfico de influencia.
La presidencia de la República les otorgaba contratos hasta para prestar el servicio de seguridad privada a inmuebles destinados al servicio público. También les rentaban edificios a altos costos, por encima de los precios del mercado, porque se trataba del saqueo al erario, permitido por gobernantes a quienes tenían sometidos.
En la relación de negocios de los dueños de los medios con el gobierno federal destacaba los contratos para la prestación de servicios telefónicos, renta de sistemas de cómputos, proveeduría de todo tipo, con sobreprecios y sin rigor en los procesos de entrega.
Hay información del propio Ejecutivo de que muchas veces ni siquiera entregaban lo que cobraban o no entregaban completo, ni de la calidad comprometida, pues se trataba de un verdadero atraco a los fondos públicos, ante gobernantes intimidados con la amenaza de sus medios informativos, que eran instrumento para el tráfico de influencia, sino es que verdadero chantaje.
También les daban contratos para construir obras públicas, administrar hospitales subrogados, vender medicinas y hasta rentar penales para reos federales, por los cuales llegaron a cobrar hasta 6 mil pesos diarios por cada uno en algunas cárceles propiedad de dueños de medios informativos. A uno de ellos, cuyo periódico y canal de televisión son de los más críticos, le dieron un contrato nada menos que para construir una de las pistas del cancelado aeropuerto en Texcoco. Y aun cuando lo indemnizaron cuando se canceló el proyecto, quedó muy enojado con el gobierno. “Negociaban la libertad de expresión”, aseveró el mandatario.
