COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DELICADO TEMA: LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
Por demás delicado es el tema de la supresión de la prisión preventiva oficiosa, que impulsa el ministro ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigo personal delos más grandes traficantes de ibnfkuencia Juan Collado (asistió como invitado de honor a la bodas de la hija de éste), de apellido Aguilar.
No hay discusión sobre la necesidad de evitar injusticia y de terminar con la injusticia que padecen los presos pobres, que no cometen delitos graves, pero que por falta de dinero para pagar una buena defensa, sufren encierro, y muchas veces inclusive con delitos inventados. Suprimir la prisión preventiva oficiosa para estos casos serías socialmente útil, pero hacerlo también para quienes desde el poder público se enriquecen ilegalmente porla corrupción o para quienes cometen delitos fiscales; es decir, para quienes evaden impuestos sobre sus ganancias por monto de hasta 8 millones 699 mil pesos es estimular la corrupción y el incumplimiento de las obligaciones con el fisco, cuyas recaudaciones financian los programas sociales y las obras de infraestructura para el desarrollo.
El ministro Aguilar debería preocuparse más por la corrupción que existe en los juzgados y tribunales unitarios y colegiados, y por la demora en el desahogo de los procesos penales, pues en estos momentos el 41 por ciento del universo de 226 mil 920 presos del los fueros federal y común llevan años sin recibir sentencia, en abierta violación a lo que disponen las leyes aplicables.
Es decir, más de 93 mil personas privadas de su libertad, como eufemísticamente les dicen a quienes están recluidos en los penales, están encarcelados sin saber si son culpables o inocentes, y si son lo último,resultan víctimas de injusticia por, en una cruel paradoja, las instituciones encargadas de hacer justicia.
Los acusados de perpetrar delitos graves deben ser procesados en prisión preventiva, y al mismo tiempo de hacerse ágil y rápido el desahogo de sus procesos penales, especialmente con apoyo de defensores públicos, porque da la casualidad que quienes llevan años sin recibir sentencia son quienes cometen ilícitos no graves, pero no tienen dinero para pagar a abogados particulares, lo que también debe resolverse con una reforma integral al marco jurídico de la justicia penal.
Una reforma constitucional y legal en materia penal debe castigar a funcionarios que no respeten derechos humanos o no cumplan las formalidades en la presentación de detenidos, pero si estos son culpables, deben quedar presos, no dales impunidad, porque eso constituye un doble agravio para sus víctimas, que al final no obtienen justicia. Y por si eso fuera poco,los criminales, una vez libres, siguen perpetrando delitos, no pocas veces con saña mayor.
