*Se trata de la elección más importante sólo por detrás de la presidencial de 2024.
De la Redacción
Lo comentado desde hace más de un año en “El Espectador” sobre los grandes intereses económicos, políticos, electorales y criminales involucrados en la lucha por la gubernatura mexiquense, fue confirmado por el periodista Salvador García Soto, quien reveló que inversionistas del ramo inmobiliario, ofrecieron aportar 3 mil millones de pesos a la campaña de un desesperado aspirante a candidato, para que derrote a Morena.
El problema consiste en que esos empresarios son investigados por presunta operación de “lavado de dinero” por miles de millones de pesos, en transferencias electrónicas hechas desde 18 países, cuando sus empresas no hacen negocios en el extranjero.
Destinar dinero privado a campañas también es delito, pero el peso presupuestal, demográfico y económico representa un botín que ha sido explotado por intereses empresariales durante décadas y ahora ven en riesgo sus ingresos: la tentación de interferir en el mismo es reflejo del tamaño de esos negocios.
Y el proceso electoral aún no comienza formalmente.
