COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
COMO SENADOR, MURILLO KARAM APROBÓ LA PRISIÓN
PREVENTIVA, QUE AHORA LO TIENE EN CAUTIVERIO
El tema de la prisión preventiva oficiosa por delitos graves y justificada, cuando el detenido podría huir si lo liberan mediante fianza, contrariamente a lo que intereses políticos antipopulares quieren hacer creer, no fue aprobada en este sexenio del presidente Andrés Manuel López, sino en el de Felipe Calderón Hinojosa en el 2008.
Quienes exigen que se suprima ocultan deliberadamente que esa figura del derecho penal y derecho penal procesal lleva mucho tiempo en vigor y fue aprobada por prácticamente todos los senadores y diputados de todos los partidos, encabezados por los del PAN y del PRI, incluyendo poderosos e influyentes personajes políticos de ese entonces; es decir, cuando el actual mandatario asumió el cargo, la prisión preventiva oficiosa o justificada tenía 10 años en vigor.
Durante esos dos lutros miles de presuntos delincuentes sufrieron prisión preventiva oficiosa; sobre todo, los reos de bajos ingresos, sin dinero para pagar abogados particulares para que los defendieran y lograran su libertad y ser procesados con medidas cautelares distintas a la de la prisión preventiva. No obstante, como se trata de mexicanos sin fama, nadie se preocupó por su situación.
Esa figura de la legislación punitiva fue puesta a debate por los tres años que la ex titular de SEDESOL y SEDATU, ex jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, pasó encarcelada por la prisión preventiva justificada: el juez dio la razón al ministerio público quien demandó que la también ex dirigente nacional del PRD fuera procesada en prisión, porque podía huir y burlar la ley.
La presión para suprimir la prisión preventiva oficiosa y justificada creció por el encarecimiento del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en cautiverio por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, específicamente, por haber obstruido la justicia, dado que desvió y falseó declaraciones para no llegar al fondo del crimen y al obtener confesiones con la aplicación de tortura.
Lo paradójico de la situación del ex titular de la PGR, ex gobernador de Hidalgo y ex secretario de SEDATU, en su condición de senador por su entidad federativa aprobó la reforma que creó el nuevo sistema de justicia penal; es decir, le aplicaron la figura penal que él ayudó a incorporar al Código Nacional Penal.
