De la Redacción
Un alto personaje político, pero no el único que puede ser objeto de la prisión preventiva oficiosa (PPO) es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien le gusta que le digan “Alito”. Es investigado por delitos graves, especialmente el de enriquecimiento ilícito, por lo cual existe en la Cámara de Diputados Federal un juicio de procedencia para retirarle el fuero, a fin de que pueda ser sujeto a proceso penal.
Al igual que su correligionario y compañeros en el Senado, Jesús Murillo Karam, el cabeza del priismo nacional fue de los entusiastas aprobadores de la prisión preventiva, propuesta en un paquete de cambios, que incluyeron una reforma constitucional, cuando el PRI y el PAN cogobernaban el país, aunque no lo hicieran oficialmente, sino de facto.
En casos como el de Murillo Karam y el de Moreno Cárdenas, la prisión preventiva oficiosa siempre será aplicable, porque los cargos que enfrenta el primero y los que podría enfrentar el segundo están tipificados como graves, y por si fuera poco, no sería difícil al ministerio público acreditar que Moreno Cárdenas dispone de una gran fortuna (precisamente, la que precisamente constituye su presunto enriquecimiento ilícito), y si se le deja en libertad con alguna medida cautelar, podría huir y sustraerse de la acción de la justicia, por los abundantes recursos económicos y relaciones políticas que tiene.
Por su condición de político poderoso, influyente e intocable, Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo, nunca reflexionó respecto de que podían aplicársela a él, como está ocurriendo. Lo mismo debe estar temiendo Alejandro Moreno Cárdenas, y no es el único.
