*La corrupción que le atribuyen no era delito grave cuando la habría cometido.
De la redacción
Décadas después de una iniciativa de reforma constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari, su amigo y cómplice en la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador en la primera mitad de la década de este siglo, Rosario Robles Berlanga se benefició de ese cambio constitucional y a la legislación secundaria en materia penal, según un análisis de “El Espectador”.
El expresidente (1988-1994), en una acción que muchos presentan como evidencia de que pensaba saquear los fondos públicos, reformó la Constitución y los códigos Penal y de Procedimientos Penales federales, para derogar la tipificación de las diversas modalidades de la corrupción como grave; es decir, las convirtió en “no grave”, que no amerita prisión preventiva, ni condena de cárcel sin derecho a la libertad bajo fianza.
Sin importar la cuantía del daño patrimonial a las instituciones, el peculado con contenido patrimonial, el uso indebido de la función y el servicio públicos, el tráfico de influencia, las compras y obras públicas con sobreprecio y el enriquecimiento ilícito fueron tipificados por la reforma salinista como delitos “no graves”.
Esa reforma constitucional y legal estaba vigente cuando Rosario Robles Berlanga presuntamente ocasionó un quebranto patrimonial al gobierno de la República, superior a los 5 mil millones de pesos.
De esta forma la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal, ex dirigente nacional del PRD, ex titular de la SEDESOL y SEDATU, exizquierdista convertida al peñismo (más que al propio PRI), fue protegida por la reforma de su amigo y cómplice, Carlos Salinas de Gortari.
En su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó que el monto de todos los actos de corrupción de Robles Berlanga pudieron haber sumado dos o tres veces el monto de más de 5 mil millones de pesos, pero sólo se le acusó, se obtuvo orden de aprensión por esa suma, presuntamente destinados a campañas electorales de candidatos del PRI.
La liberación de la ex integrante de la dirigencia del sindicato universitario de la UNAM no fue por exoneración, sino porque en estricto sentido jurídico, debió enfrentar su proceso en libertad, como ocurrirá, porque el delito no es grave.
De acuerdo con especialistas en derecho penal consultados por “El Espectador”, Robles Berlanga no volverá a pisar la cárcel, aunque se le encuentre culpable, por la reforma de Salinas de Gortari, pues los cambios constitucionales en la materia impulsados por López Obrador, que declaran grave las modalidades de los delitos que conocemos genéricamente como corrupción, no se le pueden aplicar, por el principio constitucional de la “no retroactividad de la ley”.
Comentaron que el problema de la experredista será el de la reparación del daño, porque los fondos desviados de sus fines institucionales no están en su poder, ni tiene dinero propio y legal para cubrir esa suma si la exige la justicia.
