De la Redacción
Las cárceles del país, especialmente las de gobiernos estatales, están llenas de jóvenes, con baja escolaridad y de familias de escasos ingresos, es decir, pobres. El 65 por ciento de quienes son procesados con prisión preventiva oficiosa no cursó estudios más allá de la educación básica.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro Luis María Aguilar expuso estadísticas pavorosas sobre el origen social de los presos. Sin embargo, él no se preocupaba por ellos cuando encabezó la Corte y al Consejo de la Judicatura Federal, pero no por ello sus datos dejan de exponer la cruda realidad padecida en los penales del país.
Llegó a la misma conclusión que, desde hace décadas, las verdaderas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado: el sistema de justicia castiga la pobreza y la ignorancia, pues los presos (ahora les dicen personas privadas de su libertad) de familias de altos ingresos representan un ínfimo porcentaje.
Los criminales enriquecidos vía el saqueo de fondos públicos no se encuentran presos. Tampoco los grandes evasores de impuestos, como lo reconoció el ministro Aguilar, quien también cuestiona la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por estos delitos, ahora tipificados como graves.
La información estadística fue expuesta como argumentación para proponer que deje de aplicarse el artículo 19 constitucional, el cual autoriza la prisión preventiva oficiosa por delitos graves. Su ponencia intentaba e intentará -porque no ha renunciado a su intención- desconocer esa disposición, que equivale a invalidarla, lo cual no está entre las facultades constitucionales de la SCJN.
Reveló también que más del 50 por ciento los procesados (quienes aún no reciben sentencia) son jóvenes menores de 35 años. Se trata de personas en su mejor edad productiva; y antes de ser encarcelados, más de la mitad tenía ingresos inferiores a 5 mil pesos mensuales.
Además, entre estos grupos privados de su libertad hay una importante cantidad de indígenas, y muchos de ellos no hablan español. Sin embargo, la mayor diferencia entre lo denunciado por Aguilar y lo hecho por la sociedad civil durante décadas es que éste culpa al marco legal, mientras los otros subrayan la perniciosa actuación de los jueces, quienes tienen en sus manos resolver estas injusticias dentro del marco legal vigente.
